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Gabriela Sandoval
@Gabriela_Sxndo
Organizaciones sociales solicitaron, la tarde de este viernes 14 de junio, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que delegara miembros a la Audiencia de Imposición de Medidas Cautelares contra los veteranos capturados a finales de mayo. Además, que sea vigilante del proceso penal, debido a que los detenidos son inocentes, adultos mayores y con enfermedades crónicas”.
“Estamos pidiendo a la PDDH que se pronuncie y dicte medidas cautelares urgentes para todas estas personas capturadas en este caso que es otro caso más de presos políticos que tenemos en El Salvador”, afirmó Rudy Joya, vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDECH).
El pasado 30 y 31 de mayo, dirigentes veteranos fueron capturados por supuestamente “planificar atentados con explosivos en varios puntos del país”, según señaló la PNC a través de su cuenta de X. El supuesto atentado sería ejecutado con la toma de posesión de la presidencia de Nayib Bukele, en su segundo periodo consecutivo, el 1 de junio. Sin embargo, las organizaciones sociales aseguraron que las detenciones son “arbitrarias e ilegales”.
En ese sentido, las organizaciones solicitaron la intervención de la PDDH para que delegara a miembros de la institución a asistir a la primera Audiencia Especial de Imposición de Medidas Cautelares. En el escrito también exigieron que la PDDH “sea vigilante del proceso penal, debido a que los detenidos son adultos mayores con enfermedades crónicas”.
“Este día hemos venido cada una de las organizaciones, estamos apoyando a todos estos veteranos que han sido luchadores y defensores de derechos humanos. Nosotros como UNIDECH nos unimos este día al BRP para presentar este escrito en el que estamos pidiendo a la PDDH que se pronuncie y que emita medidas cautelares urgentes”, agregó Joya.
Asimismo, Joya pidió a la procuradora general de Derechos Humanos, Raquel Caballero, que emita medidas cautelares a favor de los líderes detenidos debido a su delicado estado de salud, especialmente José Santos Melara y Atilio Montalvo, quienes fueron trasladados de bartolinas a centros hospitalarios para recibir asistencia médica. “El estado de salud de ellos se ha estado agravando en los últimos días, hemos tenido información de que aquellos capturados que tienen hasta tres enfermedades crónicas están siendo más deteriorados”, afirmó.
De la misma manera, Ivania Cruz, vocera del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), responsabilizó al Estado salvadoreño de las consecuencias en cuanto a salud de los veteranos, especialmente en el caso de José Santos Melara, dado que su estado de salud es delicado debido al padecimiento de diabetes.
Por otro lado, Cruz denunció que la FGR solicitó reserva total del caso, e indicó que algunos de los delitos que les imputó son Actos Terroristas y Organizaciones Terroristas. “Era de esperarse, decretaron reserva total en el caso, el contenido de las notificaciones obviamente no puede ser revelado ni compartido… Esto es parte de las cosas que hemos venido manifestando porque limita el acceso y violenta algunos derechos”, enfatizó.
Entre los firmantes de la solicitud se encontraban la Alianza Nacional El Salvador en Paz, la Asociación de Veteranos de Guerra de El Salvador (ANVEGE), el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), el Colectivo de Derechos Humanos “Herbert Anaya”, el Colectivo de Veteranos y Veteranas de Santa Marta.
Asimismo, el Colectivo Universitario por la Democracia, la Fuerza de Organización Popular (FOP), el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), el Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico y el Socorro Jurídico Humanitario. El pasado 12 de junio, las organizaciones sociales presentaron un aviso penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las capturas “arbitrarias” de líderes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. En el escrito se solicitó una investigación por parte del fiscal general, Rodolfo Delgado, por posibles delitos de “actos arbitrarios” e “incumplimiento de deberes”.
Al cierre de la nota, ninguna de las dos solicitudes tuvo respuesta de parte de las instituciones. Asimismo, ningún representante de la PDDH se hizo presente a la audiencia.
Realizan primera audiencia de caso veteranos capturados
La primera audiencia especial de imposición de medidas contra nueve líderes de grupos sociales y de excombatientes, procesados por supuestos “actos de terrorismo, agrupaciones terroristas y el delito especial de organizaciones terroristas”, se desarrolló en el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador, este viernes.
A la audiencia solo se presentaron los excombatientes Carlos Mejía y Roberto Antonio Esquivel. En cuanto a los que no se presentaron, se confirmó que Atilio Montalvo está internado en el Médico Quirúrgico, mientras que los demás permanecen en las bartolinas y no fueron llevados a audiencia por supuesta “falta de recursos”. Asimismo, por aparente falta de defensores privados, Mejía y Esquivel fueron representados por un abogado de la Procuraduría General de la República.
