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William Siliézar
@DiarioCoLatino
El autodenominado Colectivo Víctimas del Terrorismo El Salvador interpuso un aviso en la Fiscalía General de la República (FGR) para la reapertura del proceso contra los supuestos involucrados en la denominada “masacre de la Zona Rosa” y del helicóptero derribado en Lolotique, ambas cometidas en 1985, durante el conflicto armado.
La noche del 19 de junio de 1985, al menos trece personas perdieron la vida al ser atacados unos soldados norteamericanos que se encontraban en un restaurante ubicado en la Zona
Rosa, San Salvador. Entre las víctimas entre los que se encontraban oficiales del ejército estadounidense, también figuran civiles, algunos de los cuales acompañaban a los soldados estadounidenses.
Durante la guerra civil en El Salvador, Estados Unidos envió asesores militares para dirigir la guerra contra la guerrilla, por lo que se convirtieron en objetivos militares de estos.
El presidente del Colectivo, Fernán Camilo Alvarez Consuegra, manifestó que quienes cometieron los actos en aquel año deben ser juzgados por “crímenes de guerra y lesa humanidad”, dentro de la política de la ejecución de prisioneros y desapariciones forzadas de civiles.
Alvarez Consuegra presentó una lista de ocho nombres a quienes les atribuye la responsabilidad de los acontecimientos en la Zona Rosa y el helicóptero militar derribado en Lolotique, en donde iban oficiales militares de Estados Unidos.
En la lista figura la diputada y dirigente del FMLN Nidia Díaz, y Salvador Sánchez Cerén, Presidente de la República.
Sin embargo, aseguró que hay más involucrados en estos hechos, pero en caso de presentar ante la FGR todos los nombres “llenarían un directorio telefónico”, quienes además “nunca fueron judicializados”.
Según el demandante, con el “aviso” busca una nueva investigación, que incluyendo a la comandancia del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y el FMLN, supuestamente por tener la autoría intelectual en las estrategias militares.
El presidente del Colectivo señaló que la información presentada al Ministerio Público fue obtenido a través de testimonios y archivos oficiales, los cuales indicó, también estarán a la disposición durante el proceso de investigación.
Además, enfatizó que con la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía ejecutada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se puede reabrir estos procesos que buscan, según él, el respeto a los Derechos Humanos.
Alvarez Consuegra agregó que una segunda generación de Acuerdos de Paz
no se puede llevar a cabo “si no se cierran las heridas sociales causadas por el pasado conflicto armado”.
“Las diferente acciones planificadas por el Movimiento Víctimas del Terrorismo no pretende reclamación económicas para las víctimas, pues una indemnización pecuniaria es poner precio a una muerte injusta y es lesivo para las condición humana de las víctimas”, puntualizó.
