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Samuel Amaya
@SamueAmaya98
“Estoy cansada porque yo quiero ver a mi hijo, le pido al Gobierno que me permita verlo porque yo estoy enferma y él era mi sustento, él trabajaba para que yo comiera y ahora que él no está, yo solita vivo en la casa sin la ayuda de nadie”, es el relato de María Ruth Jovel, quien a pesar sufrir de diabetes e hipertensión, viajó desde Quezaltepeque hasta San Salvador para marchar y pedir la liberación de su hijo Fernando Mauricio Jovel Ramírez, de 26 años, quien fue detenido el 10 de mayo de 2021 sin tener vínculos con pandillas.
Su hijo es una víctima más del régimen de excepción, actualmente se encuentra en el penal de Izalco según la escasa información que le dicen a la madre. “A mi hijo se lo llevaron el 10 de mayo (2022) y hasta la fecha, no me han dicho nada, yo voy donde el abogado y jamás me dice algo; lo único que me dice es que me espere, la verdad es que yo estoy cansada de esperar, no veo nada claro”.
La detención de Ramírez fue a eso de las 8 de la noche, “de la casa lo fueron a sacar, solo por vivir en una colonia de pandillas. No es justo que se hayan llevado a mi hijo porque él no era pandillero; acababa de llegar de trabajar cuando lo agarraron, y yo como estaba en la iglesia no me di cuenta, me fueron avisar, pero después, ya cuando se lo habían llevado”, lamentó la madre. Ramírez se dedicaba a realizar confecciones en telas.
Ruth Jovel aseguró que movilizarse hasta Izalco, le ha sido complicado, sobre todo por las mismas enfermedades que dice tener, y además dificultades al caminar, según cómo marchaba este domingo en ruta al parque libertad, una marcha organizada por el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) quienes se unieron a la marcha que organizó el bloque sindical este domingo.
Las exigencias de MOVIR fueron que liberen a los detenidos injustamente por el estado de excepción y que esta medida estatal sea eliminada ya que ha sido la herramienta para cometer violaciones a derechos humanos. El gobierno implementó el régimen de excepción como una respuesta estatal luego de que las pandillas habrían asesinado a más de 80 salvadoreños en un solo fin de semana. El régimen se implementó el 27 de marzo de 2022 y aún sigue vigente.
