“Sólo quieren neutralizar a los defensores y no hacer justicia” : Saúl Rivas

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

Saúl Agustín Rivas Ortega, uno de los cinco defensores de los ambientalista de la Comunidad Santa Marta y ADES, al referirse a la reversión del sobreseimiento definitivo, por parte de la Cámara de lo Penal de Cojutepeque, señaló que el sistema judicial del país y la Fiscalía General de la República pretenden “neutralizar a los defensores”, y no tienen la mínima intención de aplicar justicia para la Comunidad Santa Marta.

“Sólo quieren criminalizarlos, y que esta comunidad no se oponga a la minería. Al final, no es contra nosotros que ya estuvimos detenidos, y el proceso de organización continúa allí;  esto es contra el movimiento social del país, y el caso nuestro es ejemplo para otras organizaciones”, manifestó Rivas.

Las diversas organizaciones, redes, mesas, foros, colectivos y otros espacios del movimiento social, cerraron filas en apoyo a los cinco ambientalistas de Santa Marta y ADES, por lo que rechazaron la decisión judicial de la Cámara Penal de Cojutepeque de continuar con la “criminalización y persecución”, contra los líderes comunitarios de Cabañas.

Rivas explicó que el fallo de la Cámara de Cojutepeque “no puede ser considerado desde un punto jurídico”, aunque fue emitido por este Tribunal de Segunda Instancia, y por el contrario lo calificó de “político”. Este dictamen no fue jurídico sino político, ¿Por qué?, la Cámara antes de la audiencia preliminar, resolvió algunos recursos interpuestos por la defensa (de los ambientalistas), y en sus resoluciones manifestaron que la situación de lo planteado, era vía prescripción (vencimiento de fecha del hecho) o por amnistía. Y que nuestro caso debía ser discutido en un juzgado en vista pública y sería el tribunal quien resolviera, reseñó.

“El Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque resuelve el caso y declaró un sobreseimiento definitivo porque el Tribunal de Sentencia no está inhibido de dar sobreseimientos. Pero ahora, esta Cámara, manifiesta lo contrario, que es una copia y pega de la acusación de la Fiscalía General de República”, argumentó Rivas.

El dictamen de sobreseimiento definitivo emitido por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque no tiene errores en sus valoraciones. Pero la continuación del proceso obedece a que a la “Fiscalía, no le gustó la resolución”, y por esa inconformidad que “afecta sus intereses propios”, el sistema judicial sigue criminalizándolos.

Rivas lamentó el nivel de manipulación de la justicia en el país ante la decisión de la Cámara de anular el sobreseimiento absolutorio y enviarlo al Tribunal de Sentencia de San Vicente, para que conozca y desarrolle una nueva vista pública.

“Es cuestionable que un tribunal de segunda instancia y magistrados del país, que tienen cierto nivel de conocimiento jurídico, a estas alturas han dejado que la Fiscalía, incidiera en ellos, con un montaje de un caso que no existe y que va a quedar en la historia para esta Cámara y magistrados”, sostuvo.

“Que no nos quepa duda que la motivación que ellos tienen es por  otras motivaciones y no podemos descartar que después los veamos en otras magistraturas.  Magistrados que están administrando justicia y por cuestiones de escalar niveles están juzgando de manera ilegal e injusta a personas inocentes”, sentenció Rivas.

Asimismo, aclaró que estaba descartado que los magistrados fueran “presionados para dar ese dictamente”. Por el contrario, lo hicieron de manera “consciente”, por lo que exhortó a la comunidad jurídica a plantearse y analizar este “tipo de magistrados” que tienen a cargo la justicia en el país.

“Queremos dejar claro a la población y al mundo que no existen pruebas del hecho de 1989, que ellos dicen, para que lo conozca cualquier tribunal. El caso fue montado sobre la base de las investigaciones que hizo la Fiscalía, de las masacres de Santa Marta, pero no judicializaron nada y lo que hicieron fue tomar personas de la comunidad para que no sigan denunciando”, reiteró Rivas.

Cámara de lo Penal ha cometido Prevaricato

Ovidio Mauricio, de Tutela Legal “Dra María Julia Hernández”, manifestó, que los magistrados de la Cámara de lo Penal de Cojutepeque han emitido una resolución que carecía de fundamento, y lamentó también la manera despectiva en que se refieren al dictamen de las juezas del tribunal de sentencia.

“En la resolución los magistrados, les dicen, que han dado un sobreseimiento de forma anormal, creo que es un insulto a las juezas del Tribunal de Sentencia. Y de la sentencia (Cámara), podemos analizar que no hablan de ninguna prueba durante el proceso y lo único que tienen es un testigo criteriado, un testigo de chambre y no es posible que el sistema judicial actué de esta manera”, indicó.

“Pienso que los magistrados de la Cámara han cometido un delito con esta resolución que se llama -prevaricato-” (dictar una resolución consciente que es contraria a derecho), y no están exentos de alguna denuncia. En algún momento la dictadura va acabar y van a poder ser denunciados por estas acciones que realiza actualmente”, reafirmó Mauricio.

Personas defensoras en grave situación de vulnerabilidad

Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico Humanitario, extendió su solidaridad a los ambientalistas: Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez y, Pedro Antonio Rivas Laínez García. Y condenó la “decisión política” de la Cámara de lo Penal de Cojutepeque, que afecta la grave situación para las personas defensoras de derechos humanos.

“La situación es difícil, sobre todo en el contexto del régimen de excepción, en el cual, tenemos suspendidos derechos humanos y garantías constitucionales, y este es un caso ejemplar, donde podemos observar un claro abuso y violación de derechos de personas defensoras”, dijo.

“Sabemos y entendemos el objetivo de fondo que es lo más fácil que han venido haciendo y es fabricar delitos para sacar a las personas defensoras de las comunidades. Y pese a  dos años de una lucha jurídica y social  que demostró su inocencia en primera instancia, la criminalización continúa”, acotó Escobar.

Escobar aseveró, que este proceso fue un “revés jurídico” contra las intenciones de la Fiscalía General de la República, y el sistema judicial del país, que vienen vulnerando derechos fundamentales que ampara la Constitución de la República.

“Este sobreseimiento definitivo no lo iba a aceptar el Estado, y es un caso ejemplar para todo lo que se nos viene encima al movimiento social y personas defensoras. Estamos en un gran peligro, y esta Constitución agonizante pero vigente todavía,  es la que permitió la resolución absolutoria”, opinó.

“Exhorto a las organizaciones internacionales y cuerpos diplomáticos en nuestro país, a ver este caso de lo que sucede y vivimos en el país con la dictadura neofacista. Y lo que tocará a quienes se atrevan a denunciar actos arbitrarios, corrupción y defensa de bienes naturales por eso pedimos el cese a la persecución del movimiento social”, acotó Escobar.

Santa Marta seguirá luchando por sus líderes 

Vidalina Morales, presidenta de la junta directiva ADES Santa Marta, agradeció el acompañamiento del movimiento social durante todo el proceso judicial de los cinco ambientalistas de Cabañas. Y reiteró que seguirán luchando por su libertad definitiva. “Seguiremos luchando por la libertad de nuestros compañeros a sabiendas que hay un interés profundo de parte del poder  para echar andar esos proyectos que tanto daño hacen a nuestro medio ambiente, a nuestra sociedad y a las personas”, manifestó.

“Esos proyectos de muerte que tanto hemos denunciado en muchas ocasiones, porque la lucha ambiental no es  nueva en el país. Llevamos casi 2 décadas abrazando la defensa del medioambiente junto a otras organizaciones a nivel nacional y también a nivel internacional y es una lucha  muy reconocida”, argumentó Morales.

En cuanto a la inocencia de sus compañeros, agregó, que el dictamen del Tribunal de Sentencia, llegó a la misma conclusión que como comunidad han reiterado en diversos espacios y por esto obtuvieron su absolución total frente a la acusación del ente fiscal. “Otra vez, la Fiscalía miente y miente, también al sistema judicial y al pueblo salvadoreño que le ha dado seguimiento a este caso. Creo que el hecho de que nos volvamos a unir es prueba de eso y es que nuestros compañeros son inocentes y deben ser liberados definitivamente y vamos a seguir luchando desde las familias y comunidades”, puntualizó Morales.