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@JoakinSalazar
“Cualquier hecho que hayamos cometido dentro del conflicto fue en base a la Constitución de la República”, treat medicine justificó el General Humberto Corado, ailment ex Ministro de la Defensa Nacional, por el caso Jesuitas.
La renovación de la orden de captura contra 17 militares en situación de retiro, por el Juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, ha puesto a la defensiva a muchos militares de carrera, que por hoy justifican que los hechos perpetrados en la época del conflicto armado fueron bajo las órdenes de políticos y gobernantes de ese momento. En el tiempo del asesinato de los Jesuitas quien ejercía el máximo poder político era Alfredo Cristiani, Presidente de la República y Comandate General de La Fuerza Armada.
Corado, quien desempeñó el cargo de Ministro entre los años 1993 – 1995, asegura que debe de existir más acompañamiento de la clase política, sobre todo de aquellos que gobernaban durante el periodo del conflicto.
“Quisiéramos que hubiera mayor solidaridad, que hubiera más compenetración, de todos los autores políticos militares del conflicto para que el trato fuera de los más correcto posible”, alegó Corado.
Y es que Corado, pese a no estar señalado, defiende y respalda a sus compañeros militares, “Nosotros, los generales, somos los ejecutores de las órdenes de los políticos y los políticos son los responsables de la conducción del país”, recalcó.
Del caso se ha cuestionado la participación o el grado de conocimiento de los hechos y órdenes de los mismos, del ex presidente de la República, Alfredo Cristiani, el primer gobierno de ARENA, que fue durante su periodo que se perpetró el asesinato de los Jesuitas y sus colaboradoras.
El General Corado ha sido enfático en señalar la importancia de la participación de la clase política y de los gobernantes de ese momento, dejando entrever la participación indirecta de alguno de ellos.
“Nosotros como institución armada quisiéramos que el pueblo salvadoreño consciente nos acuerpara más, porque nosotros no fuimos solos al conflicto, no lo hicimos por iniciativa propia. Lo hicimos porque nos ordenaron los políticos que esa era la forma de defendernos de una agresión”, agregó Corado.
A inicios de esta semana, los militares solicitados por el Juez Español, reafirmaron, a través de un comunicado su inocencia, alegando que “los verdaderos culpables ya fueron enjuiciados, condenados y luego amnistiados por tales sucesos”.
Ellos alegan que del caso ya está juzgado, y que no debe ser aplicada la orden de captura, porque no existe retroactividad de los hechos, dado que los delitos de Lesa Humanidad en El Salvador son vigentes desde el año 1998.
Ante esta situación, los militares interpusieron un recurso de Habeas Corpus, donde establecen que cualquier detención o privación de libertad es totalmente ilegal. La Sala de lo Constitucional no se ha pronunciado aún.
Mientras, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, refirmó el llamado al director de la Policía Nacional Civil (PNC) Howard Cotto, para hacer efectiva de los 17 ex militares.
En tal sentido, Cotto aseguró que no puede hacer efectivo dicha orden de captura, debido a que espera que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) especifique las dos resoluciones que se contradicen entre sí, lo que imposibilita a la policía ejecutar la captura.
Desde diciembre, el Juez Eloy Velasco reactivó la orden de captura contra los 17 militares, esto como parte de un nuevo giro del proceso, en el que dos militares salvadoreños participarían como testigos criteriados del proceso.
Ambos militares son testigos de la querella, que según fuentes cercanas al caso, son el coronel Camilo Hernández Barahona y el Teniente René Mendoza Vallecillos.
