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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
El miércoles 4 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral, TSE, convocó a los más de 5 millones de potenciales electores a acudir a la cita del 4 de marzo de 2018, en la que las y los salvadoreños debemos elegir a 84 diputados y diputadas propietarios, e igual número de suplentes, así como a 262 Concejos Municipales que desempeñarán funciones del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2021. La convocatoria estuvo acompañada de una reflexión histórica sobre los procesos electorales y la democracia en nuestra patria, que evidentemente desagrada a la derecha.
El presidente del TSE, Doctor Julio Olivo Granadino, en su mensaje destacó el origen de la institución que se deriva del Acuerdo de Paz firmado en Chapultepec, en 1992, el rol constitucional del TSE y de los partidos políticos, y la evolución de los procesos electorales, como expresión de la soberanía popular. Señaló las mutaciones a la Constitución y complicaciones creadas a la forma de ejercer el sufragio impuestas por la Sala de lo Constitucional, e invitó a reflexionar en las mejoras que deben realizarse del proceso, en beneficio de una verdadera democracia.
Como es obvio, la demostración que hace el presidente del TSE de nuestro sistema electoral cuestiona las actuaciones de la Sala de lo Constitucional en materia electoral; y hasta abogados de derecha han presentado recientemente demandas a la misma Sala, que buscarían echar atrás el voto fraccionado, vigente desde el 2015.
La sola ilustración de la injerencia de la Sala y su efecto mutante de la misma Constitución, provocó en los medios de la derecha airadas críticas.
Pocos se detienen a analizar que la misma composición actual del TSE, está directamente afectada por una de las resoluciones emitidas por esa Sala, la que mediante medida cautelar, sin resolución definitiva, ha apartado a uno de los magistrados propietarios que la Asamblea Legislativa eligió la propuesta de la Corte Suprema de Justicia. Acto este evidentemente arbitrario hecho al servicio de la derecha y con el cual crearon una correlación que favorece a la derecha.
Pero además, los críticos pasan por alto la denuncia contenida en el mensaje del Doctor Olivo, cuando señala que el 26 de septiembre del año en curso le fue notificada la admisión de un amparo que hace un año fue interpuesto contra el TSE, pero al admitirlo, la Sala lo hace solo con referencia a él como presidente y por medio de la cual le otorgaron 24 horas para responder. Este suceso del que los medios no han informado nada, revela la actuación de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en función de una agenda política.
Y para que no quede duda, en un evento posterior, que reunió a todos los impulsores o firmantes de demandas y resolutores de dicha Sala, en el recinto de la UCA, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, expresó con nitidez su posicionamiento político, al criticar al presidente del TSE, y afirmar con menosprecio, que él solo (El Dr. Olivo), ni siquiera puede boicotear el proceso electoral; es decir, es plenamente consciente de por qué y para qué separaron al magistrado Ulises Rivas: para producir una correlación que, según ellos, debe invalidar la opinión y el voto del presidente del TSE en cuestiones trascendentales.
Por eso, resulta curioso el cacareo de “fraude” que, a modo de temor, expresan los voceros de la derecha, ya sea bajo el membrete de una ONG, o de grupos empresariales, todos afines a Arena; cacareo de “fraude” con el que anhelan que los cuatro magistrados del TSE resuelvan a la medida de las necesidades de la derecha.
Este es el trasfondo del proceso electoral que ha sido iniciado con la convocatoria a elecciones y las acciones anteriores del TSE. Estas son las ansias y campañas adelantadas emprendidas por la derecha de cara a los dos procesos electorales que el actual TSE debe administrar.
Aún en esas condiciones, la ciudadanía toda es la realmente dueña de la soberanía, la que ha de expresarse en las elecciones, a las cuales pueden concurrir 10 partidos políticos; el derecho de vigilancia de los partidos políticos que es una de las conquistas consagradas en la Constitución, debe ser garante de la libertad con la cual cada ciudadano y ciudadana ejerza su voto en cada una de las más de 9 mil Juntas Receptoras de Votos.
El FMLN, desde 1994, ha aprendido a distinguir entre las malas intenciones de quienes se niegan a un juego limpio, de la fuerza de la voluntad popular, y ha aprendido a ser vigilante de que esa voluntad sea respetada por las autoridades electorales. Acojamos el llamado a las elecciones y mantengamos el ojo atento a los acontecimientos.
