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@RosmeriAlfaro
El Secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia (SPTA), Marcos Rodríguez, indicó que el 60% de las bandas de radio y televisión entregadas en la época de ANTEL no tienen ningún respaldo documental que registre la concesión, autorización, licencias, acuerdos o permisos.
El estudio realizado por la Secretaría ,y entregado a la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo), señala que las actuales concesiones de frecuencias de televisión y radio no fueron otorgadas transparentemente, ya que solo un 34% tiene algún tipo de documento, pero no está completo y únicamente el 6 % está debidamente respaldado.
Rodríguez informó que de las 244 frecuencias asignadas en el FM, el 93.85% no existen registros del factor que determinó la concesión, mientras que el 6.15 % el criterio fue el económico. En el el caso de las AM, el 94.03% no tiene registro de la concesión y un 5.97% indica que fue el económico.
En el caso de las 54 frecuencias de televisión asignadas en el país, el 94.44% no cuenta con criterios que determinó su asignación, mientras que en el 5.56 % determina que fue el económico. La actual Ley de Telecomunicaciones estipula la subasta como mecanismo para acceder a su frecuencia, sin embargo, el documento de la SPTA afirma que esta vía ha generado con probabilidad, altos niveles de concentración mediática que a su vez lleva a que no exista una democratización y pluralidad de los medios de comunicación.
El informe detalla que la asignación de la cobertura de televisión nacional es del 52.24% y su disponibilidad para nuevas concesiones es del 47.76%.
Mientras que las frecuencias para radio en AM y FM ya están entregadas al 100%.
La SPTA considera necesaria una auditoría del espectro radioeléctrico por parte de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y una Rendición de Cuentas Especial para dar a conocer a la ciudadanía cómo se otorgaron esas concesiones.
Asimismo, recomienda a la Superintendencia emitir una declaratoria de inexistencia de los procesos en los que no recibió la documentación o registros por parte de ANTEL que respalden la concesión, para que la ciudadanía pueda realizar los procesos judiciales correspondientes.
El estudio inicio a finales de 2014, luego de recibir la petición de las organizaciones aglutinadas en ReDCo.
