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Rosmeri Alfaro
@RosmeriAlfaro
Ante los recientes casos de corrupción y lavado de dinero en los que se han visto involucrados exfuncionarios, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) aseguró que en su debido momento la entidad efectuó sanciones y notificó a la Fiscalía General de la República (FGR) cuando se presentaban irregularidades.
Aunque no mencionó un caso en específico, el titular de la SSF Ricardo Perdomo señaló que están colaborando con la FGR de manera directa y otras instituciones en especial con los jueces para que tengan información y el análisis que les permita dictar las sentencias adecuadas.
Respecto al procesamiento del expresidente de la República Elías Antonio Saca, exfuncionarios de su gobierno y empleados de Casa Presidencial, por el supuesto desvío de $301 millones de las arcas del Estado a cuentas personales, aseguró que no ha habido repercusiones en el sistema financiero nacional.
“Lo que está ocurriendo es bueno para el país porque entre más transparencia hay más confianza, y eso ayuda al desarrollo económico de una nación. Lo que genera incertidumbre es cuando se esconde la verdad, pero cuando la verdad aflora y se ve que hay voluntad surge confianza y apoyo”, dijo Perdomo, quien aclaró que la SSF solo tiene una labor administrativa de sancionar y que la parte de investigación de ilícitos lo hace la Fiscalía.
Luego que los imputados admitieran su culpabilidad, el Ministerio Público ha pedido que Saca sea condenado a 10 años de cárcel por los delitos de lavado de dinero y peculado, mientras que para otros de los imputados ha pedido la condena de cinco años de cárcel por lavado de dinero.
“En la medida que se ve que los sistemas judiciales funcionan se da tranquilidad y certidumbre a los mercados. Es positivo mandar el mensaje que en El Salvador se combate la corrupción y el crimen organizado”, expresó el superintendente.
El funcionario señaló que ningún sistema financiero es perfecto, pero lo que sí hay es una firme voluntad del gobierno salvadoreño y de la SSF en apoyar a las autoridades judiciales para erradicar las condiciones de corrupción y lavado de dinero.
