Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
El Servicio Social Pasionista (SSPAS) presentó el informe “Desplazamiento Forzado Interno por la Violencia y las Respuestas ante el Fenómeno en El Salvador”: el Estado, las organizaciones sociales y las víctimas, el cual logra reunir un compendio de experiencias y testimonios de las personas afectadas y la relación del Estado con este grupo poblacional.
“El Salvador está entre los diez países a nivel mundial con más nuevos desplazamientos internos por violencia en el año 2019. Esto es una manifestación de la grave situación de la inseguridad y la violencia que sufre el país. Sin embargo, en los últimos años se dieron los primeros pasos por parte del Estado salvadoreño para enfrentar la problemática del desplazamiento interno”, cita el texto del informe.
Según la investigación, la Ley Especial de Atención y Protección Integral a las Personas en Condición de Desplazamiento Forzado, aprobada en enero del año pasado, es un avance porque reconocen formalmente la existencia de esta problemática y se asume, por primera vez, la responsabilidad que como Estado debe a esta población y en cumplimiento de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas (ONU), aunque su implementación dista de una efectividad inmediata.
El informe tiene a la base los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, que lo conceptúan sobre “las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”, ONU 1998.
Sobre el informe, el SPASS y la cooperación de Gabriel Tobler (Viena, Austria) tomaron los testimonios y percepciones subjetivas de las personas, así como un análisis del contexto y la situación actual de los desplazamientos y sus estrategias para sobrellevarlo; así como las organizaciones sociales que trabajan la temática.
“Entre los resultados que más destacan se encuentran la fuerte afectación emocional, psicológica, económica e interpersonal de las víctimas del desplazamiento y, especialmente, de grupos en condiciones de más vulnerabilidad, como las mujeres (solteras) y la población LGBTI. Además, se ha visto que la implementación de asistencia y protección como exige la Ley aún es precaria e incipiente”, reseñan.
Con la caracterización de desplazamiento forzado interno el informe señala que la problemática ha sido tratada con cierta indiferencia por la institucionalidad, pese a no ser un fenómeno nuevo y data con el conflicto armado de los años ochenta. Aunque en la actualidad se caracteriza por una “movilización a cuentagotas continua, pero no masiva”.
Fue hasta el 2008 y el 2014 que diversas organizaciones de la sociedad civil y la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) inician sus registros y revelan la gravedad del problema; pero es hasta el 2018 que se presenta el primer estudio oficial por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Entre las causas estructurales del desplazamiento forzado interno se encuentra la pobreza, marginalidad social, desigualdad histórica, falta de servicios públicos y la escasa presencia del Estado, lo que genera condiciones para el desarrollo de la violencia social.
No obstante, consideran que se debe abordar a los principales actores que ejercen violencia: las pandillas, estructuras altamente organizadas, que han evolucionado en el territorio nacional, cuyos afectados son impactados en la salud física, psicológica, económica, educativas y relaciones interpersonales, por lo que el Estado debe realizar un manejo integral y sostenido de las personas afectadas.