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Alessia Genoves
Colaboradora
@DiarioCoLatino
Cerca de $17 millones de dólares habrían sido defraudados por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Ésta afirmación la sostiene el Sindicato de Trabajadores del ISSS (STEIS) y el Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS (SIMETRISSS), quienes han tramitado la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), que ha sido re-afirmada con la interposición de un aviso de auditoría ante la Corte de Cuentas de la República (CCR).
El STISSS sostiene que las irregularidades podrían hallarse en “la adquisición de medicamentos falsos para la pandemia de COVID-19 y la compra de ambulancias en mal estado, sin repuestos, de una marca sin subsidiaria local” por parte del ISSS, según lo detalló a éste medio su representante, Ricardo Monge Menéndez. En suma a ello, advirtió que la gremial denunciará a la titular de la institución, Mónica Ayala, por la presunta retención y apropiación indebida de cuotas laborales y otras prestaciones.
Ricardo Monge sostuvo la legitimidad del proceso de auditoría, en el contexto del reciente anuncio reiterado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para dar apertura a los procesos de investigación de hechos de corrupción en el gobierno. Añadió que “es fundamental abordar estos problemas, especialmente teniendo en cuenta el aumento en la población derechohabiente, que actualmente se acerca a los 2.5 millones de personas”.
Medicamentos y señalamientos de fraude
Una presunta compra irregular de medicamentos habría sido ejecutado por la actual administración del ISSS, que implica un presunto tráfico de influencias y la compra de los insumos a un sobre-precio. Según lo señaló SIMETRISSS ante la prensa, el gasto en medicamentos para el tratamiento del Covid-19 se consiguió en $1,3 millones de dólares, una cantidad que supera los $750 mil dólares que se estima en la cotización real de los medicamentos, entre los que se enumera uno de nombre “Toclizumab”, adquirido desde el año 2021.
Una compra de tal proporción debe ser sometida al concurso y licitación de los oferentes, de acuerdo con la entonces vigente Ley de Adquisiciones y Contrataciones de Servicios (LACAP). El secretario general del SIMETRISS, Rafael Aguirre, sostiene que, con base a los hallazgos, califican los hechos pueden calificarse como “actos de corrupción”; y aseguró ante la prensa que la entidad beneficiada era, supuestamente, “la empresa de un amigo de su compañero de vida (de Mónica Ayala)”.
Información oculta
Los señalamientos de fraude tienen contexto en los años 2020 y 2021, según las gremiales. Éste medio ha buscado comunicarse con la autoridad señalada, tras observar que no se han divulgado aclaraciones de oficio. Sin embargo, al cierre de ésta nota, no se ha obtenido respuesta. Lo cierto es que en abril de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó con 63 votos a favor -y sin la completa aprobación del oficialismo- la “Ley para el uso de productos parar tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia de Covid-19”; mientras que para el mes de marzo del mismo año estaba vigente el Decreto 606/2021 que licitaba la compra de medicamentos e insumos para el tratamiento del Covid-19 sin que interviniera la Ley LACAP.
Ya para junio de 2020, el Ministerio de Salud (Minsal) había declarado como información reservada aquella documentación relacionada con el Laboratorio Nacional de Salud Pública, sobre los mecanismos de toma, procesamiento y divulgación de pruebas de covid-19. También reservó la información de los procesos de adquisición de vacunas contra el Sars-Cov-2; el registro de cabinas y el Plan Nacional de Despliegue. Mientras que el ISSS declaró en reserva, desde 2021 varios expedientes de compra y contratación de insumos.
