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Desde la izquierda, Francisco Argumedo, ex Superintendente; Oscar Ortiz Vicepresidente de la República; Francisco Díaz, Supeintendente de Competencia, y Celina de Escolán, ex Superintendenta. Foto Diario Co Latino/ Guillermo Martínez

Superintendencia de Competencia resuelve 67 investigaciones de prácticas anticompetitivas

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En su décimo aniversario, viagra la Superintendencia de Competencia informo que ha resuelto 67 investigaciones sobre prácticas anticompetitivas, 52 por denuncias y 15 de oficio, comprometidos con la promoción y garantía de la sana competencia y la reducción de afectaciones al mercado y a los consumidores.
Francisco Díaz, Superintendente de Competencia, aseguró que la celebración del décimo aniversario es una ocasión especial en la vida de aquellos que comparten la visión, tomando en cuenta que la competencia genera innovación y mejores precios, mientras que el monopolio lleva al estancamiento y precios altos.
También, llamó a reflexionar sobre cuanta incidencia tiene la Ley de Superintendencia de Competencia en el desarrollo de la economía nacional. “Se abre así una etapa de maduración con un equipo técnico altamente calificado”, agregó.
Oscar Ortiz, Vicepresidente de la República, explicó que “para nosotros es importante el trabajo de la Superintendencia porque hace cumplir el mandato constitucional que tenemos en la competencia del mercado que es: no monopolio, no oligopolios, se deben regular la especulación, establecer la reglas del juego y ya van 10 años de esta nueva instancia que regula las condiciones de mercado”.  A la vez que afirmó la importancia de cuidar al consumidor y tener un mercado ético porque esto impulsa la economía de un país.
Después de 10 años de existencia, desafíos y avances la Superintendencia trabaja en una propuesta de reformas a la Ley de Competencia, ampliamente consultada y analizada en noviembre y diciembre de 2015 por los diferentes sectores involucrados: agentes económicos, gremiales empresariales, academia, líderes de opinión, instituciones de gobierno y público en general, con el objetivo de impulsar el “empoderamiento” económico de los ciudadanos, promoviendo su participación en las decisiones sobre la economía.


Casos, multas y procedimientos

De los casos investigados, se impusieron 14 sanciones, 7 por cartel y 7 por abuso de posición dominante, el resto de los casos fueron inadmisibles, improcedente o absueltos. Entre los sancionados se encuentra la distribución de harinas de trigo, en  el que se efectuó un registro con prevención de allanamiento, comprobándose un acuerdo de división del mercado.
Recientemente destaca la sanción a cinco operadores de telefonía, al comprobarse que cometieron abuso de posición dominante al impedir o demorar solicitudes de interconexión a operadores intermedios. Esto impacta directamente en la prestación de servicios a nueve de cada diez ciudadanos que hacen uso de la telefonía móvil y a dos de cada diez hogares que hacen uso de telefonía fija.
Además, la Superintendencia de Competencia desarrolló 30 procedimientos por otras infracciones a la Ley de Competencia, como falta de colaboración y omisión de solicitud de autorización de concentración económica.
El monto total de las multas impuestas asciende a $15,113,373. De estos el 90.5% fueron recurridas ante la Sala de Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, y el 80.3% se encuentran pendientes de pago, en su mayoría suspendidas por medidas cautelares dispuestas por la misma Sala.

La Superintendencia de Competencia finalizó 23 estudios de condiciones de competencia, de los cuales resolvió 197 recomendaciones de política
económica verificando la implementación del 16.8%. Asimismo, la institución emitió 128 opiniones, 83 normativas, 43 procesos de contratación y dos sobre otros contenidos.

En relación a las solicitudes de autorización de concentración económica, 16 fueron remitidas a trámite,  de estas una fue denegada a Claro Digicel.
La discusión en torno al establecimiento de una autoridad de competencia en El Salvador surgió en 1989, tras un proceso de debate y análisis de diferentes anteproyectos de normativa.

La Asamblea Legislativa, aprobó la Ley de Competencia en 2014 con una “vacatio
legis” de un año para su instalación y el reclutamiento de personal.

La Superintendencia inició labores en enero de 2006 con un presupuesto de $1,37 millones de dólares y 24 empleados.

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