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Por Olivia Hampton/Anne Renaut
Washington/AFP
La Suprema Corte estaba profundamente dividida sobre el tema del aborto, una papa caliente que separa a los estadounidenses más que cualquier otro tema social y que llega en un complicado contexto electoral.
Los jueces de la mayor instancia judicial estadounidense mostraron sus desacuerdos al examinar durante 90 minutos la legalidad o no de las restricciones que una cantidad cada vez mayor de estados impone al aborto, en particular en Texas.
La Suprema Corte no tomará una decisión hasta junio.
Pero como este tribunal está funcionando excepcionalmente con ocho jueces (cuatro conservadores y cuatro progresistas), en lugar de nueve tras la muerte del conservador Antonin Scalia, todas las miradas están puestas sobre Anthony Kennedy, juez conservador moderado y árbitro en este caso.
La división era palpable también a los pies del imponente edificio de la Suprema Corte en Washington, donde cientos de manifestantes pro y anti aborto clamaban sus argumentos.
«Provida, promujer», coreaban los estudiantes opuestos al aborto, sosteniendo balones azules. «Por los derechos de reproducción», respondían los partidarios a la elección, llevando gorras violetas y dándoles la espalda.
Concretamente, los jueces –entre los cuales hay tres mujeres– examinan una ley de 2013 que impone a las clínicas de Texas que practican el aborto que posean instalaciones quirúrgicas dignas de una clínica, y exige a los médicos un preacuerdo para poder referir sus pacientes a un hospital local.
Los redactores del texto aseguran que lo idearon pensando en la salud de las mujeres y en minimizar los riesgos sanitarios. Pero, para los defensores del aborto, se trata de un falso pretexto: dicen que el verdadero objetivo de los legisladores republicanos locales se inscribe en cuatro décadas de ataques al caso «Roe Vs. Wade», un fallo histórico que legalizó el aborto en 1973 en Estados Unidos.
Garantizar el acceso
De hecho, estas reglas forzaron el cierre de 75% de las clínicas en Texas en dos años, según la organización Whole Woman’s Health.
En la audiencia, la jueza Elena Kagan señaló que el número de mujeres que viven lejos de estas clínicas aumentaría mucho, de 10.000 a 250.000, si tales restricciones se pusieran en práctica.
El abogado general Scott Keller sostuvo que las instalaciones quirúrgicas son necesarias para proteger a las mujeres de complicaciones.
No obstante, la jueza Ruth Bader Ginsburg consideró que estas complicaciones suelen ocurrir bastante después del regreso de la mujer a su casa.
Fuera del edificio se manifestaba Farah Diaz-Tello, de 34 años, quien viajó de Texas a Washington con la esperanza de asistir a los debates para defender «el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo».
Pero Katie, de 21 años y llegada de Maryland, considera que «la vida comienza en la concepción» y que se trata de «una decisión médica para proteger a las mujeres».
En un estudio reciente, el instituto de investigación Texas Policy Evaluation Project mostró que la ley de Texas prolongó las esperas, aumentó los costos e hizo que para algunas mujeres sea imposible hallar una clínica.
La semana pasada, un tribunal falló a favor de una ley idéntica adoptada en Luisiana (sur), que amenaza el cierre de tres de cada cuatro centros de aborto en este estado.
La cuestión desata pasiones en un país en plena campaña presidencial.
Los partidarios del aborto llevaban el miércoles camisetas con consignas a favor de la demócrata Hillary Clinton. Su rival Bernie Sanders pidió en Twitter a la Suprema Corte que confirme que «el acceso de las mujeres al aborto es un derecho constitucional».
La audiencia también se produce en un contexto de crisis entre el Senado y la Casa Blanca por el reemplazo del juez Scalia, fallecido el mes pasado.
