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Washington/Prensa Latina
La Corte Suprema de Estados Unidos falló este martes a favor del Gobierno de Donald Trump al suspender una orden que obligaba a seis agencias federales a recontratar a más de 16 mil trabajadores en período de prueba despedidos.
El máximo tribunal respondió así a una solicitud de amparo de emergencia de la actual administración, que buscaba avanzar en sus esfuerzos por reducir drásticamente el tamaño del gobierno federal a través de recortes de plantillas y desmantelamiento de agencias, mientras continuaban los procedimientos legales.
En una orden sin firmar, el Supremo declaró que la orden judicial emitida por el tribunal de distrito a mediados de marzo «se basó únicamente en las alegaciones de las nueve organizaciones sin fines de lucro demandantes en este caso”.
Sin embargo -subrayó- según la ley establecida, “dichas alegaciones son actualmente insuficientes para respaldar el derecho legal de las organizaciones a demandar, un concepto conocido como legitimación activa». De manera que la suspensión se mantendrá vigente mientras siga el litigio.
Los trabajadores en período de prueba, generalmente de uno o dos años, fueron los primeros en caer bajo la motosierra de despidos masivos, parte de la iniciativa de recortes federales del presidente Trump y su administrador del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk. Recuerdan medios locales que muchos de ellos quedaron en el limbo desde mediados de febrero, cuando los dejaron fuera de sus puestos y se les restituyó su empleo semanas después a raíz de órdenes judiciales.
Los sindicatos y organizaciones que interpusieron la queja expresaron su frustración. «No cabe duda de que miles de empleados del servicio público fueron despedidos ilegalmente en un intento de paralizar las agencias federales y sus programas cruciales», señaló un comunicado. Enfatizó el texto que «la orden de hoy de la Corte Suprema de Estados Unidos es profundamente decepcionante, pero representa solo una pausa momentánea en nuestros esfuerzos por hacer cumplir las órdenes del tribunal de primera instancia y exigir responsabilidades al gobierno federal».
