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En un momento de crisis social, económica y política en el país, agudizada por la concentración de poderes del Estado en un solo partido político, y la consecuete persecución política, surgió el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), una estructura orgánica que pidió la inmediata libertad de los exfuncionarios de los gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) detenidos ilegalmente, con saña, alevosía y vicios de procedimientos. COFAPPES afirmó que en el país ya existen presos políticos, pues toda persona que disienta, piense distinto y se oponga al presidente de la República, Nayib Bukele, y el modelo político establecido, es motivo de persecución política, tal es el caso de los exfuncionarios capturados hace más de una semana, quienes han sido encarcelados y pretenden condenarlos en contra de las normas internacionales de Derechos Humanos y en franca violación a las garantías constitucionales y al ordenamiento jurídico nacional.
«No claudicaremos hasta demostrar la inocencia de nuestros familiares y para defender el estado de derecho, las libertades fundamentales y la democracia en el país, la misma que se encuentra seriamente amenazada», señaló el COFAPPES.
Asimismo, mostró su preocupación por las precarias condiciones de salud de adultos mayores privados de libertad, siendo El Salvador firmante del «Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», el cual, en el artículo 10, establece que las personas privadas de libertad serán tratadas humanamente. Además, el país es suscriptor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en artículo 5 reconoce el derecho al respeto, a la integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas.
Actualmente, la exministra de Salud, Violeta Menjívar y la exviceministra de Ciencia y Tecnología, Erlinda HÁNDAL, guardan prisión en Cárcel de Mujeres; mientras que el exviceministro de Agricultura, Hugo Flores; el exviceministro de Trabajo, Calixto Mejía, y el exministro de Hacienda Carlos Cáceres, permanecen en el centro penal La Esperanza, conocido como Mariona.
Todos ellos fueron detenidos el pasado 22 de julio por la Policía Nacional Civil (PNC) como parte del operativo denominado «Operación Desfalco», acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
