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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La audencia que definirá la libertad o encarcelamiento de ocho fundadores de la Asociación de Desarrollo Comunal “La Bendición de Dios” (ADESCOBD) fue de nuevo aplazada por el Tribuinal de Sentencia de Ahuachapán, que alarga la incertidumbre a familiares, comunidades y organizaciones que esperan una absolución por falta de pruebas contra las acusaciones que consideran “falsas y cuestionables”, por parte de la autoridad fiscal.
Davíd Elías Díaz, Marco Antonio Jiménez, Celedonio Martínez, Tomás Humberto Zúniga, Wilfredo Aguilar, Luis Álvarez Cabezas y Héctor Antonio Sánchez, fundadores del ADESCOB, un sistema de agua que abastece de manera domiciliar a siete comunidades rurales en Tacuba, Ahuachapán, enfrentan un proceso judicial por “hurto agravado”, luego de casi 13 años de un forcejeo legal que inició con el exalcalde, Joel Ramírez (ARENA), y un trabajo cuestionado por la Fiscalía General de la República.
Luego de sufrir capturas, encarcelamiento y enfrentar un proceso judicial, desde el año 2016, estos defensores y líderes comuntarios solo exigen que se aplique justicia dejándoles en libertad y devolviéndoles el sistema de agua que construyeron entre los años 1993-1994, en un esfuerzo de 96 días de construcción que significó el trabajo de 940 familias. Dicha obra la gestionaron a través de una organización que les asesoró en la parte técnica y fondos de un donante internacional. Con un sistema concluido en 1995, se constituyó una junta directiva para ADESCOBD, desde su Asamblea General, que se dedicó a la administración de distribuir el recurso natural y el cobro de tarifa que les permitió recaudar fondos para dar mantenimiento y reparación a la infraestructura.
En 1995, culminada la obra, una Asamblea General de las comunidades eligió una junta directiva con el fin de establecer tarifas para generar fondos para sufragar gastos de mantenimiento y pago de salarios de los técnicos. No obstante, se generaron algunos problemas ante el incumpllimiento de rendición de cuentas y el financiamiento del sistema, la inclusión del exalcalde Joel Ramírez (ARENA) en los puestos de dirección de la ADESCOB. En respuesta un grupo de líderes, fundaron el Comité de Defensa al Sistema de Agua.
En contraposición al ingreso del exalcalde Ramírez, la Asamblea General de ADESCOB decide elegir una nueva junta directiva con alrededor de 1,500 votos, establece una nómina que fue presentada ante la Alcaldía Municipal de Tacuba en el año 2008, pero fue desestimada por el gobierno municipal a cargo del exalcalde Joel Ramírez e inician las acusaciones y el forcejeo legal por despojarlos del sistema de distribución de agua comunitario.
En esa escalada, la medianoche del 22 de julio de 2016, un operativo policial capturó a los líderes comunitarios, la mayoría adultos mayores, que venían enfrentando a una junta directiva ilegal y bajo las acusaciones del exalcalde Ramírez; el fiscal auxiliar, Miguel Santiago Gross Salazar, ha llevado a juicio a estos defensores del agua, bajo los cargos de hurto agravado, hurto de electricidad o fluidos y usurpación de inmuebles. Y que, debido a la presión social de familiares, organizaciones ambientalistas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (gestión de David Morales) se logra su liberación), pero continúa este proceso judicial.
Actualmente, estos defensores del derecho humano al agua cuentan con la resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, emitida el pasado 21 de julio de 2019, que les declara absueltos de la imputación del delito de “hurto de energía o fluidos”, que dejó sin efecto lo actuado por el Tribunal de Setencia y la Cámara de la Tercera Sección de Occidente y el “Acuerdo Conciliatorio”, que devuelve el sistema de agua a las comunidades y el cese de la persecución penal, expresado por el actual Concejo Municipal de Tacuba, representado en el alcalde Carlos Milla (PCN); el fiscal auxiliar Gross, continúa la acusacion de estos líderes comunitarios y defensores de derechos humanos.
En las últimas acciones de las organizaciones sociales aglutinadas en el Foro del Agua, PRO-VIDA y la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua se anunció la presentación de este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la búsqueda de garantizar la justicia y dignidad de los líderes comuntarios, así como investigar la ética y comportamiento del fiscal auxiliar, Miguel Santiago Gross.
