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La Paz / Prensa Latina
El candidato a la presidencia de Bolivia por el Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, explicó que una audiencia en su contra fijada por el gobierno golpista fue suspendida por irregularidades.
Esta mañana Arce acudió a la Fiscalía de esta capital para cumplir con lo dispuesto en la citación, pero la audiencia fue cancelada ante el reclamo de la defensa por las faltas de la firma del fiscal en el documento citatorio y desconocimiento sobre detalles del proceso.
Por las referidas razones, reconocidas por la fiscal Heydi Gil, la Fiscalía decidió suspender la audiencia y fijar una nueva fecha, aún sin conocer.
A su salida del edificio de Justicia, Arce declaró que las irregularidades del proceso son una muestra de que es víctima de persecución política con el objetivo de minar su carrera hacia la presidencia de la República, cargo para el que es considerado favorito.
Soy un hombre transparente, vine a declarar porque no tengo nada que ocultar, no soy ningún corrupto, no soy ningún ladrón. Mi equipo de abogados y la propia fiscal notaron las fallas procedimentales en la notificación hacia mi persona. Esto es eminentemente político contra nuestra candidatura del MAS, declaró Arce.
Exministro de Economía y Finanzas durante casi la totalidad de los gobiernos de Evo Morales, Arce alertó además que para disminuir sus posibilidades de vencer en las urnas no descarta la aparición de nuevas causas judiciales.
Las cosas más que nos sacarán, que la población juzgue la forma en que proceden, arbitrariamente, en contra de una candidatura que saben que tiene el apoyo popular , porque somos absolutamente inocentes de todo lo que quieran decirnos, dijo el candidato del MAS.
Las elecciones generales en Bolivia están programadas para el 3 de mayo y de acuerdo con sondeos recientes el binomio del MAS, integrado por Arce y el excanciller David Choquehuanca (para vicepresidente), figura como favorito.
Las denuncias de persecución política a militantes y dirigentes de ese movimiento político y organizaciones afines han sido reiterativas desde el golpe de estado que obligó al presidente Evo Morales a renunciar al cargo el pasado 10 de noviembre.
