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Gloria Silvia Orellana
Diario CoLatino
“Lamentando el caso, que lleva ya 40 años de estar esperando justicia. Lamentamos el sacrificio que hacemos para venir hasta acá desde San Salvador a Usulután, pues por tercera vez se suspende. Lamento, de veras, que sean 40 años que han pasado para que se haga justicia”, expresó José Luis Benavides, hijo de las víctimas en caso contra un Escuadrón de la Muerte.
Los “escuadrones de la muerte” se han reconocido como un grupo de militares y paramilitares que, durante el conflicto armado de los años ochenta, realizaron secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos de personas de la sociedad civil u opositoras al régimen cívico militar de esa época.
Esos crímenes selectivos son conocidos como “guerra sucia” contra personas o colectivos. Según el Informe de la Comisión de la Verdad, su fundador fue el mayor Roberto d’Aubuisson Arrieta y operaban desde su estructura en el C-2, del Estado Mayor de la Fuerza Armada.
David Morales, abogado de CRISTOSAL del equipo querellante en este caso, explicó que se trata de un Crimen de Lesa Humanidad contra un Escuadrón de la Muerte que asesinó a cinco personas en 1981,en San Miguel.
Sobre la suspensión de la audiencia, comentó Morales que esperan que el tribunal les notifique por escrito sobre estos dos factores: la solicitud de uno de los defensores, que argumentó que los testigos de la defensa que han presentado están fuera del papaísel segundo está relacionado con la falta de apoyo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de la Dirección de Desarrollo Tecnológico, que no pudo garantizar la comparecencia virtual de uno de los imputados.
“El sistema de justicia ha fallado -no directamente el tribunal-, sino a través de la Corte Suprema y su Dirección de Desarrollo Tecnológico; parece que la justicia de El Salvador está con muchos fallos, muchos problemas en funcionalidad debido a este tipo de problemas que no logra resolver la Corte Suprema de Justicia”, dijo.
Agregó: “estamos a 8 meses para que se instale la vista pública de este histórico caso porque es el primero que llega a vista pública de un Escuadrón de la Muerte, desde que se firmaron los Acuerdos de Paz (1992). Son 42 años y se vuelve inaceptable que se siga dilatando la justicia”.
La acusación de la Fiscalía General de la República señala que, el 7 de abril de 1981, cuatro miembros de un Escuadrón de la Muerte, custodiado por un contingente militar, llegó al cantón San Andrés y privó de libertad a cinco personas: Ángel Chávez Benavides (presidente de una cooperativa), su esposa María Verónica de Chávez (maestra); así como a José Luciano Benavides, Guillermo Magaña Castellón y Rogelio Magaña Castellón, quienes fueron secuestrados y después fueron encontrados sus cadáveres a 30 kilómetros de su residencia en la carretera hacia San Alejo, La Unión.
Por este caso son procesados José Inés Benavides, José de la Cruz Orellana y Luis Alonso Benavides.
El cuarto imputado es Ángel Aníbal Alvarado, quien se encuentra prófugo de la justicia. Se les imputa asesinato con privación de libertad, asociación ilícita y el delito contra las leyes y costumbres de guerra, por tanto, de lesa humanidad que no prescribe en el tiempo.
David Morales señaló también, como una debilidad del Sistema Judicial, el retardo de justicia, aunque aclaró que en este caso no es responsabilidad de los jueces no llevarlo a Vista Pública.
“Hemos tenido, sin embargo, una posibilidad de un gesto positivo del tribunal en la medida que se nos ha explicado que se estaría dando una pronta reprogramación y se estarían adoptando medidas para evitar una nueva suspensión”, afirmó.
“Nosotros queremos evidenciar en este caso que la defensa de los imputados está permanente presentando peticiones de última hora para bloquear la Vista Pública, como una estrategia dilatoria y tratando de impedir que desfile toda la prueba contra estas cuatro personas, quienes integraban ese Escuadrón de la Muerte que asesinó al matrimonio Chávez Aguilar y tres personas más en 1981”, puntualizó David Morales.
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