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Diversas organizaciones sociales y ambientales se oponen al nombramiento del nuevo fiscal, Raúl Melara, debido a su vínculo con las élites empresariales y políticas para defender a la constructora Fénix, responsable de la destrucción del sitio arqueológico de Tacuscalco, en Nahulingo, Sonsonate. Foto Diario Co Latino/Archivo.

Tacushcalco en riesgo por designación del nuevo fiscal

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

Salvador Recinos, activista de la UNES, anunció que las organizaciones ambientalistas y ciudadanas se oponen rotundamente al nombramiento del nuevo fiscal, Raúl Melara, por considerar que está lejos de garantizar su independencia del cargo, por sus nexos con las élites empresariales y políticas, con el partido ARENA.

“El nombramiento del nuevo fiscal no se manejó con transparencia, lo que pone en duda su idoneidad para ocupar ese cargo. Además, las vinculaciones de Melara al partido ARENA, que se encuentra defendiendo los intereses de la constructora Fénix, a diferentes niveles, porque representa los intereses de las cúpulas empresariales que están aglutinadas en la ANEP o CASALCO, y podría permitir a este delincuente ambiental salir impune. Esperamos que la Sala de lo Constitucional (CSJ) declare inconstitucional su elección”, señaló.

El Movimiento Ciudadano por la Defensa de Tacushcalco y del río Ceniza se pronunció en contra del nuevo nombramiento del fiscal general y demandó también de la Policía Nacional Civil y el Sistema Judicial respetar los derechos de la población y aplicar una justicia verdadera.

“Aquí se aplica la ley cuando se es pobre, pero se queda impune cuando se tienen condiciones económicas”, dijo tajante Román Cartagena, habitante de Tacushcalco, en Nahulingo, Sonsonate, al exigir que se respeten las leyes de protección al patrimonio cultural y de medioambiente.

La construcción de 600 casas del proyecto habitacional Acrópolis a cargo de la empresa constructora Fénix, S.A. de C.V. mantiene una confrontación contra la población de Nahulingo y pueblos indígenas, ante la inminente destrucción del sitio arqueológico de más de 500 años de existencia y la contaminación por deposición de aguas negras al río Ceniza.

“Quiero decirles a los funcionarios que están en el ojo de la ciudadanía y estamos viendo que a pesar que estamos en el 2019, con muchos avances en otras áreas, en el tema de la justicia es la misma historia: se aplica para los pobres con todo el peso de la ley, pero no así para quienes tienen mejores condiciones económicas. Y algunos medios de comunicación solo informan una parte de los conflictos y lastimosamente es la parte que paga pautas publicitarias y la realidad no se conoce”, indicó.

Raúl Melara, nuevo fiscal general de la República, durante su nombramiento por parte del presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano. Diversas organizaciones sociales y ambientales rechazan su nombramiento debido a sus nexos con el sector empresarial.
Foto Diario Co Latino/Archivo.

Ana Góngora denunció, además, que pese a las medidas cautelares reiteradas por la Cámara Ambiental, en el caso Tacushcalco, la empresa constructora continúa depredando el lugar, sin que ninguna autoridad gubernamental intervenga, para evitarlo.

“Bajo el pretexto de realizar obras de mitigación han faltado a las medidas cautelares que impuso la jueza ambiental Norma Elizabeth Lemus y presionan a la Cámara Ambiental para que levante dichas medidas luego de la bochornosa derrota del veto presidencial, al decreto legislativo que pretendía favorecer a la empresa constructora Fénix, para continuar destruyendo el sitio Tacushcalco, pese a que el 3 de diciembre recién pasado el juez Samuel Lizama (Cámara Ambiental) rechazó el recurso de revocatoria que presentó la empresa”, informó.

El sitio arqueológico Tacushcalco Los Cerritos se encuentra en el municipio de Nahulingo, Sonsonate, fue declarado “Bien Cultural” en 1997 y se considera uno de los lugares más importantes del país.

“Por su evidencia de ocupación continua a través de más de dos mil años (1,500 a. C. hasta 1,524 d. C.). Por tanto, está protegido por la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador (LEPPCES).

Que en su artículo 8 expresa literalmente que “los planes de desarrollo urbanos y rurales, las obras públicas en general y las construcciones, restauraciones privadas que de un modo u otro se relacionen con un Bien Cultural inmueble, serán sometidos por la entidad responsable de la obra a la autorización previa del Ministerio y sus respectivas dependencias”.

Marlon Enamorado, del Consejo Coordinador Indígena Salvadoreño (CCNIS), señaló que la justicia se utilizará para favorecer intereses particulares y mezquinos, contra toda una población.

“Para nosotros es preocupante que la justicia sea parcial, la hemos visto repetirse tantas veces. Estamos cansados de esta corrupción porque la justicia, que debería ser para todos, está parcializada y a favor de unos pocos, y los que verdaderamente necesitamos la justicia es nulo un acercamiento. La defensa de Tacushcalco, al hablar de los pueblos indígenas, puedo decir que comenzamos en su defensa hace 525 años. Y es por esto que este sitio es histórico y merece respeto, reconocimiento y que la justicia se aplique verdaderamente, para que no sigan destruyendo este lugar sagrado, que tiene vínculos con nuestra historia, nuestras raíces y cómo puede ser posible que se le destruya. Y no puedo creer que en un siglo de tanta información no conozcamos lo que significa Tacushcalco, que tiene una historia profunda”, sentenció.

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