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Por Apilaporn Vechakij
Bangkok/AFP
El parlamento tailandés adoptó en primera lectura un proyecto de ley para prohibir los vientres de alquiler, for sale una práctica comercial muy extendida en los últimos años gracias a un vacío legal, ampoule y que recientemente ha provocado numerosos escándalos.
El texto, que fue adoptado «casi por unanimidad» el jueves, prevé penas de hasta 10 años de prisión para quienes obtengan beneficios de una gestación por cuenta ajena, explicó el viernes a la AFP el diputado Wallop Tungkananurak, si bien las sanciones no conciernen a las potenciales madres de alquiler.
«Queremos acabar con la idea de los extranjeros de que Tailandia es una fábrica de bebés», añadió.
Una segunda lectura del texto está prevista para mediados de enero.
La junta en el poder desde un golpe de Estado el pasado mayo anunció su intención de acabar con el comercio de los vientres de alquiler tras una serie de escándalos mediáticos, como el de una pareja australiana que el pasado agosto abandonó a un bebé con síndrome de Down, dejándolo con la joven de 21 años que lo había gestado, mientras se llevaba del país a su hermana gemela sana.
Semanas más tarde, se descubría el escándalo de la «fábrica de bebés»: un rico japonés había recurrido a madres de alquiler en serie.
La junta prometió entonces poner orden y regular este sector.
Poco después de conocerse el resultado del voto, Pattaramon Chunbua ou Goy, la madre del niño abandonado, aseguró sentirse «feliz»: «Esta ley impedirá que otros bebés corran la suerte de Gammy», explicó por teléfono a la AFP la joven, que se ha hecho cargo del bebé, al que cría junto a dos hijos de 3 y 6 años.
23.000 euros por embarazo
El texto, sin embargo, no prohíbe totalmente la práctica de los vientres de alquiler, que aún están autorizados en el seno de las familias o entendido como un favor a amigos, explicó en septiembre a la AFP el abogado Sappasit Kumprabhan, que lleva años luchando contra este comercio.
A partir de ahora, toda mujer que desee ser madre de alquiler deberá superar una «entrevista» con representantes del Estado y solo serán elegibles las parejas heterosexuales que prueben su incapacidad para procrear, explicó Sappasit, que también es uno de los autores del proyecto de ley votado el jueves.
«Ciertas clínicas y médicos van a sentirse muy contrariados» por la caída de clientes extranjeros debido a estas medidas, aseguró Sappasit, quien calcula que hasta ahora las parejas pagaban el equivalente a 23.000 euros, entre la indemnización a la madre de alquiler y los gastos médicos.
Según el Consejo médico de Tailandia, más de un centenar de clínicas privadas se han especializado en la reproducción asistida, por medios que incluyen los vientres de alquiler.
Ahora, la junta ha prometido estudiar caso por caso los expedientes de cientos de bebés que se habrían quedado bloqueados en Tailandia con sus padres biológicos, muchos de los cuales proceden precisamente de Australia.
Según el fundador de una asociación consagrada a la gestación por cuenta ajena, el australiano Sam Everingham, desde que las autoridades tailandesas anunciaron su intención de legislar, «muchas parejas han comenzado a dirigirse hacia otros países, como México o Nepal».
