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Irónicamente, a pesar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vela por la universalidad de los derechos humanos, esto no se extiende a Taiwán y sus 23 millones de habitantes. Esta situación se remonta a 1971, cuando nuestro Gobierno perdió representación en la organización. Sin embargo, el aislamiento internacional que hemos enfrentado desde entonces, no nos ha desanimado para avanzar con firmeza.
La ONU parece estar contenta de dejar atrás a los 23 millones de taiwaneses sin importar la necesidad de universalidad de los derechos humanos. Este año, a Taiwán se le negó la asistencia a la 70ª Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), después de haber participado como observador en ocho años anteriores. El rechazo a Taiwán -que ha invertido más de 6.000 millones de dólares en ayuda médica y humanitaria internacional desde 1996– es ilógico y crea una brecha en las operaciones de la OMS, como la crisis durante la epidemia del SARS en 2003.
Sin embargo, este trato injusto no nos disuade de desempeñar nuestros deberes con el pueblo y la comunidad internacional. Siendo la 18ª mayor potencia comercial y la 11ª economía más libre del mundo, Taiwán desarrolla leyes y reglamentos conforme a las convenciones de derechos humanos de la ONU y trabaja duro por la igualdad. En 2016 se eligió a la primera mujer presidenta del país y el 38 por ciento de parlamentarios son mujeres. Taiwán también es hogar de una sociedad civil vibrante cuyas organizaciones cívicas se extienden por el mundo proporcionando asistencia y ayuda a quienes lo necesitan.
Actualmente, Taiwán trabaja en su primer Informe Nacional Voluntario, que documentará logros concretos con relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por ejemplo, en salud pública y medicina, Taiwán trabaja con muchos países para combatir enfermedades como el MERS, Ébola y Zika. Asimismo se impulsa la energía y economía verde para elevar la proporción de energía renovable y reducir, al mismo tiempo, las emisiones de carbono.
A pesar de los esfuerzos y del reconocimiento que Taiwán se ha ganado, existen medidas discriminatorias de la ONU contra Taiwán que son inapropiadamente justificadas por medio de la invocación y el empleo erróneo de la Resolución 2758 (XXVI) de la Asamblea General de la ONU de 1971. Esta resolución, aunque concedía un asiento a la República Popular China en la ONU, en ningún momento otorgaba a la República Popular China el derecho a representar a Taiwán y a su pueblo. La República Popular China no tiene ni ha tenido nunca jurisdicción sobre Taiwán.
La Carta de la ONU habla sobre la misión de “reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”, por lo que Taiwán cree firmemente que su participación será beneficiosa para todos, especialmente ahora que la ONU pide la implementación universal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La ausencia de Taiwán, por el contrario, continuará reduciendo la efectividad del esfuerzo global.
Taiwán puede hacer mucho para ayudar al mundo a construir un futuro más sostenible. El pueblo de Taiwán necesita el apoyo de la comunidad internacional en su derecho a un trato justo por parte de la ONU y la ONU necesita la participación de Taiwán en los esfuerzos y estrategias para poder cumplir juntos los ODS o, por lo menos, que dejen de cerrarnos las puertas.
