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Por iniciativa de la derecha legislativa, en un afán de atraer votantes en las elecciones del 3 de febrero del próximo año, fue aprobado un decreto legislativo para que, de fondos públicos (de los impuestos de los salvadoreños), se cancelen los $10.31 que vale el DUI, y con ellos aproximadamente 300 mil salvadoreños puedan renovar el documento de identidad.
La pretensión de los diputados de derecha, en un principio, era que las 800 mil personas que tienen vencidos los “duis” pudieran votar sin renovarlo, pero, esta pretensión fue parada por el Presidente de la República al vetarlo.
Es curioso que los diputados de derecha se preocupen por que un ciudadano, en la pobreza o la extrema pobreza, tenga su documento único de identidad solo en elecciones, como si votar en una elección fuera lo único importante.
Así como es derecho ejercer el sufragio para elegir a los gobernantes locales o nacionales, también es un derecho tener una identidad, pues con ello puede ejercer todo tipo de actividades.
En otras elecciones era común que las estructuras partidarias se hacían cargo de cancelar los DUIS vencidos de sus “simpatizantes”, y por eso acudían de forma masiva a los bancos a cancelar la renovación del importante documento.
Hoy, luego que no lograran que se aceptara votar con el DUI vencido, optaron por obligar que el Ejecutivo, o mejor dicho el Estado, asuma los gastos de la renovación del documento.
Respecto a lo acordado en la Asamblea Legislativa, el Fisco tiene que erogar un millón 500 mil dólares para quienes tienen que renovar el documento y demuestren que son ciudadanos y ciudadanas “de escasos recursos”.
Si se trata de favorecer a los salvadoreños de escasos recursos es oportuno que el Estado se haga cargo de los gastos, pero, igual, los diputados de derecha deberían facilitar que el Ejecutivo pueda obtener los fondos, no obstruirlo como también sistemáticamente lo ha hecho la derecha en la Asamblea Legislativa.
Sería oportuno también que los diputados de derecha, sin que esto signifique romper un contrato vigente, estudien el valor del DUI, pues, dado que es un documento esencial para el ciudadano, lo lógico sería que el documento sea accesible para todos los salvadoreños, es decir, reducir significativamente el precio que tiene en la actualidad. Hasta hoy, lo que se ha privilegiado ha sido el interés de la empresa emisora, y no del ciudadano.
