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@arpassv
Nuestro editorial de ayer planteó que los avances en la lucha contra la corrupción y por la democratización de las comunicaciones, sickness obtenidos en el 2015, deben animar a las organizaciones populares y movimientos progresistas a incrementar las acciones de incidencia orientadas a cambios estructurales.
El precedente histórico del juicio contra el ex presidente Francisco Flores por actos de corrupción y la apertura del inédito proceso de reforma al marco normativo de las telecomunicaciones deben motivar otras luchas necesarias para construir un país más democrático, incluyente y sustentable. Y hay, al menos, tres luchas urgentes, que constituyen tareas impostergables.
La primera es por la reforma fiscal progresiva que incluye un combate más eficiente contra la evasión, elusión y contrabando; y la aplicación de impuestos directos al patrimonio, a la gran ganancia empresarial, a los bienes de lujo y a las grandes transferencias financieras.
Esto aumentaría significativamente los ingresos estatales. Así se eliminaría el déficit fiscal, desaparecería la necesidad de más endeudamiento público y habría suficientes recursos para las políticas, planes y programas gubernamentales, entre éstos el Plan “El Salvador Seguro” elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia.
Este plan contiene medidas integrales de seguridad que incluyen acciones de control y persecución penal, prevención de la violencia, rehabilitación y reinserción, atención a víctimas de la criminalidad y fortalecimiento institucional; pero no se implementa plenamente por falta de fondos.
La segunda lucha urgente es contra la impunidad que promueve más violencia y corrupción. Aquí es necesario depurar inmediatamente el Sistema Judicial, fortalecer la Fiscalía (empezando por elegir un Fiscal General idóneo) y hacer todas las reformas legales e institucionales pertinentes.
Y la tercera es por la aprobación de normativas e implementación de políticas en materia ambiental: ratificación de la reforma constitucional que reconoce el derecho humano al agua y a la alimentación, y las consecuentes leyes de agua y de soberanía alimentaria; prohibición definitiva de la minería metálica y de los agroquímicos tóxicos; y aplicación de medidas frente al cambio climático.
El movimiento popular debe empujar estas luchas con más fuerza en 2016 con estrategias efectivas y acciones pertinentes de comunicación, presión y movilización social para incidir en el debate público, las correlaciones parlamentarias y el actuar toda la institucionalidad estatal.
