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La Paz/PL
El alza de tarifas en puertos chilenos para el trasiego de mercancías bolivianas y la demanda sobre los manantiales del Silala matizaron el panorama noticioso de la semana que hoy concluye en esta nación andina.
El jueves, un comunicado de la Cancillería boliviana se pronunció en contra de la elevación unilateral de los pagos por concepto de manejo de cargas, principalmente de minerales, en los puertos chilenos de Arica y Antofagasta.
En este sentido, el texto consideró que las posturas de las autoridades de ese país traslucen un desconocimiento e irrespeto de sus obligaciones con los acuerdos bilaterales, como el Tratado de 1904 y convenios posteriores.
La Paz aclaró que dichos aspectos resultan medulares para garantizar el libre tránsito y que, por tanto, deben ser acordados de manera bilateral, «más aun considerando que la empresa que otorga esos servicios es privada y opera bajo condiciones monopólicas en el puerto de Antofagasta».
El documento recordó que el Tratado de 1904, en su artículo VII, establece que la República de Chile, reconoce a favor de la de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del océano Pacífico.
Al respecto, el presidente Evo Morales afirmó la víspera en su cuenta de Twitter que Chile busca debilitar la economía boliviana, en alza sostenida desde 2006, y perjudicar las exportaciones e importaciones del país andino-amazónico y mediterráneo desde 1879.
Recientemente, las administraciones privadas de los puertos de Arica y Antofagasta, por donde fluye preferentemente la carga boliviana a ultramar, sobre todo de minerales, anunciaron el incremento de las tarifas portuarias.
Tal disposición provocó el cierre de sitios de almacenamiento lo que ha traído pérdidas al sector del transporte y la economía en general, aseguran aquí líderes sindicales y autoridades de la Cámara de Comercio.
También el jefe de Estado anunció para este domingo la celebración de la primera reunión del Consejo de Defensa de los Manantiales del Silala, entidad que busca sentar soberanía sobre ese recurso natural, también en el centro de las disputas con Chile.
Durante la semana, líderes de organizaciones políticas, sindicales y gremiales rechazaron la decisión de Santiago de presentar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya una demanda contra La Paz, respecto a la utilización de esos surtidores.
Marco Antonio Borda, miembro del directorio del Colegio de Abogados de Potosí, dijo el jueves que una comisión de esa entidad se trasladará a La Paz para participar en la reunión que tendrá lugar mañana.
Iremos para aportar información sobre el Silala, aunque previamente nos reuniremos con ministros y diputados con el objetivo de coordinar una defensa coherente y llevar algunas sugerencias sobre el tema, explicó Borda.
El 23 de marzo, Morales anunció la defensa de los manantiales, ante el uso ilegal que hace Chile de esas aguas que nacen en el norte del suroccidental departamento de Potosí.
Chile se anticipó a presentar una demanda ante la CIJ, instancia a la cual cuestionó e intentó apartar de su conocimiento con anterioridad, ante la demanda marítima que el Gobierno boliviano presentó en 2013 para lograr una salida soberana al océano Pacífico.
Según Santiago, el Silala es un río internacional que atraviesa la frontera común, mientras La Paz mostró que los manantiales fueron desviados mediante canales artificiales al territorio vecino.
