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Barcelona / AFP
Daniel Bosque
Una enérgica huelga de los taxistas de Barcelona para limitar las licencias de Uber y Cabify se expandió el lunes a otras regiones de España, mientras el gobierno central intenta cerrar un acuerdo con el sector para terminar con las protestas.
El ministerio de Fomento celebró el lunes una primera reunión con representantes del sector pero no alcanzaron ningún acuerdo, con lo que los huelguistas amenazan con mantener e intensificar su protesta.
La huelga empezó el miércoles en Barcelona, el sábado se unieron los taxistas de Madrid y este lunes ya alcanzaba a las principales ciudades del país, como Valencia (este), Zaragoza y Bilbao (norte), Sevilla o la turística Costa del Sol en la sureña región de Andalucía.
Desde el viernes, cientos de taxis colapsan la avenida de la Gran Vía de Barcelona, una de las más transitadas de la ciudad, una medida imitada ahora también por los taxistas de Madrid en el neurálgico Paseo de la Castellana.
El origen de la protesta es el recurso del gobierno español a un reglamento aprobado por las autoridades municipales de Barcelona para limitar los vehículos de transporte con conductor (VTC), alegando que es una competencia estatal y no municipal.
En este reglamento, las autoridades barcelonesas sólo permitían la concesión de una licencia VTC por cada 30 licencias de taxi.
Actualmente, aseguran, hay alrededor de cinco licencias de taxi por cada VTC, mucho más baratas.
Si el gobierno no accede a sus demandas, amenazan con intensificar sus protestas bloqueando puertos y aeropuertos, o incluso la frontera con Francia.
Por su parte, las asociaciones de VTC cargaron con fuerza contra la huelga de taxistas, especialmente contra las agresiones a sus conductores en Barcelona la semana anterior.
«Esperamos sinceramente que el Estado del derecho no ceda al chantaje de los violentos», señaló la plataforma Unauto, que representa a Uber y Cabify, su competidor español.
Hipotecarse para ser taxista
En Barcelona, principal destino turístico del país, cientos de clásicos taxis amarillos y negros ocupaban por tercer día consecutivo la Gran Vía, una de las principales arterias de la ciudad.
Desde el viernes, cuando la justicia confirmó la suspensión del reglamento municipal tras el recurso del gobierno, los taxistas se plantaron en la avenida, durmiendo en colchones, tiendas de campaña o en sus mismos coches.
«Esto no es bueno para nosotros, es temporada alta, nos estamos jugando nuestro dinero, nuestras vacaciones, pero no podemos dar marcha atrás», decía Koque Juárez.
«Nosotros no tenemos un monopolio. Aquí hay 10.500 licencias, 10.500 competidores y tenemos que sudar mucho para ganar carreras», apuntó.
«A mí la licencia me costó 150.000 euros. Me tuve que hipotecar, para un año de trabajar para sacarme las licencias, comprarme un coche nuevo y a los cuatro años te cambian las condiciones», añadió a su lado Héctor González.
Pero para José Antonio Robles, que acaba de pasarse a los VTC tras 40 años como taxista en la Costa del Sol, los taxistas «quieren intentar recuperar el monopolio a la fuerza, secuestrando la opinión del ciudadano y obligándolo a consumir lo que no quiere».
En su opinión, deberían renovarse «en precios y en calidad», ofreciendo por ejemplo sillitas de bebés, facilitando el pago con tarjetas de crédito, también aceptando el uso de la American Express.
Tras el encuentro con el gobierno, los representantes del taxi afirmaron que el ministerio les aseguró que en septiembre aprobarán un decreto para garantizar la ratio 1/30.
Pero, Miguel Ángel Leal, presidente de la Federación de asociaciones de taxis, aseguró que es insuficiente si no tienen garantías de que el Congreso lo aceptará o las regiones autónomas lo aplicarán.
