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@SilviaCoLatino
Pedro Cabezas, integrante de SalvAide / CRIPDES , calificó de “intrigante” el informe anual que la junta directiva de la transnacional minera Oceana Gold, presentara el pasado 23 de junio a sus accionistas en la ciudad de Toronto, Canadá, ya que ignoraron describir en sus páginas los problemas que surgieron con El Salvador y Filipinas. De esto y otros temas, como la minería fronteriza, habló para Diario Co Latino.
¿Qué ha pasado con el caso de El Salvador y Oceana Gold?
-Cuando leímos un informe que les entregaron a los accionistas de Oceana Gold, nos dimos cuenta que no estaba mencionada la demanda contra el Estado salvadoreño, que perdieron ante el CIADI; ni la nueva ley que prohíbe la explotación minera en el territorio nacional, además de salir del país. Y no podemos olvidar la deuda de ocho millones de dólares por pago de costas procesales en que invirtió el gobierno salvadoreño.
Y nosotros aprovechando la oportunidad con nuestros Aliados Internacionales sacamos un comunicado de prensa -del que te hablé- donde expresamos que
les están mintiendo a los accionistas, al darles información que está manipulada y ellos tienen la obligación de informar a los accionistas de las ganancias y pérdidas, eso les cuestionamos.
¿Con Filipinas que pasó?
–En Filipinas… allí hubo un moratorio que se implementó contra la empresa Oceana Gold, el año pasado, porque la empresa no cumplió con una serie de permisos ante el Ministerio de Medio Ambiente entonces, presentaron una apelación jurídica a este moratorio y siguieron operando; esta empresa minera en Filipinas tiene mucho más poder que en el país. Porque allá maniobraron para que sacaran a esta ministra que les impidió operar y que estaba de manera temporal, pero tenía que ser ratificada por el congreso y al final pusieron a un militar que tiene una relación más amigable con la minera.
¿Cómo lograron enterarse de esta exclusión de datos en el informe de accionistas?
–En Toronto tenemos organizaciones aliadas que han comprado una acción de la empresa, que nos permite entrar a las reuniones anuales de manera legal y hacer preguntas, y con este propósito se ha hecho y tenemos derecho a preguntar, en junta de accionistas, entonces, una de las afiliadas a la Red de Organizaciones Contra la Minería Injusta, Kate Klain, entró a la reunión e hizo la pregunta sobre
El Salvador. Sobre la deuda que aún no han pagado, luego de perder el litigio ante el CIADI.
¿Qué respondió el Director Ejecutivo de Oceana Gold?
–En la nota que te comento que emitimos sobre esta reunión, los representantes argumentaron que estaban negociando con el gobierno salvadoreño su retirada, y que respetaban la decisión de prohibir la minería en el país y por supuesto que pagarían la deuda. Nosotros no sabemos ni cómo, ni cuándo decidieron eso, es por esto, que decidimos hablar con los medios de comunicación para que pregunten al gobierno o la Fiscalía General de la República e indaguen de esa negociación de la que habló el director de Oceana Gold.
¿Por qué siendo empresas millonarias no le pagan al gobierno salvadoreño?
–La Fiscalía General de la República puede tomar acciones y puede apropiarse, por ejemplo, del terreno de la empresa Oceana Gold que tiene en Cabañas. Conocemos de las ideas que tienen las organizaciones y comunidades de poner una universidad ecológica donde estaba la empresa y como la empresa no obedece a la resolución del CIADI, entonces, creemos que la Fiscalía debería
tomar acciones.
Y creo que como organizaciones no hemos sido muy proactivos, para que
la Fiscalía tome las acciones pertinentes, porque como sociedad civil tenemos la responsabilidad de cuestionarlos, porque dieron los primeros pasos, pero no han hecho nada más, entonces, puede deberse a lo que dijo el presidente de la
empresa minera, que “estaban negociando con el gobierno salvadoreño”,
ahí debemos estar alertas y saber con transparencia que está ocurriendo.
Recordemos a las víctimas mortales por la lucha de la minería en Cabañas y las familias que están siendo afectadas por la minería artesanal en San Sebastián, Santa Rosa de Lima (La Unión) esos ocho millones de dólares bien pueden servir para apoyar a esta gente para su transición de la minería artesanal a otra actividad económica, eso debemos de plantearnos desde la sociedad civil.
¿Por qué logran ese nivel de impunidad judicial y política estas empresas mineras?
–Todos sabemos que las empresas mineras en todas partes del mundo, no
solo Latinoamérica, son empresas que generan conflictos sociales y enfermedades en las comunidades por contaminación; que solo después de la industria nuclear, las mineras son las más contaminantes del mundo y son también las más corruptas.
Ellos trabajan con gobiernos a su favor, extorsionan a la gente de las
comunidades, algunas se relacionan con grupos paramilitares, mientras en otro ámbito gastan millones y millones de dólares para agenciarse una imagen positiva a nivel mundial, diciendo que ellos generan empleo, que traen inversiones, que impulsan el desarrollo, pero es lo opuesto, porque la generación de empleo es mínima; sus inversiones no reflejan un repunte en las economías de los países intervenidos, y en su lugar generan conflictos sociales y enfermedades; pero ellos tienen el dinero para comprarse una imagen positiva y es la imagen que les conviene hasta a los políticos que les apoyan.
¿Estamos blindados o no con la nueva Ley Contra la Minería Metálica?
–Se necesita el reglamento que operativice la ley contra la minería ¿Cómo lo hacemos? Se debe reformar otras leyes que se relacionan con la minería, como la Ley de Inversión relacionada a la actividad de la minería, al igual que la Ley de Medio Ambiente y eliminar todos los artículos sobre minería dentro de la Dirección de Minas e Hidrocarburos del Ministerio de Economía, todo esto debe ser transformado.
Así como, abordar el tema de la minería transfronteriza una amenaza vigente, a la que debe darse tratamiento y como puede hacer el gobierno para eliminar esas amenazas que nos compete a todos. Tenemos información que el proyecto Cerro Blanco, del grupo minero Goldcorp (canadiense) que está en Asunción Mita, Guatemala lo ha comprado otra empresa canadiense Bluestone Resources, que ya está haciendo campaña para abrir ese proyecto de nuevo.
¿Cuál es la postura de las organizaciones sociales frente a la minería transfronteriza?
–Es un tema que tenemos que comenzar a analizarlo a fondo, porque es el más
latente y posiblemente puede comenzar este año, y sin una ley que no nos blindó, estamos expuestos a la explotación minera de Honduras o Guatemala, por la relación geográfica por estar solamente en la llamada “Franja de Oro de Centroamérica”.
¿Qué podemos esperar, estamos en un año previo a elecciones legislativas y municipales?
–Sabemos que recientemente un directivo de Oceana Gold renunció y se pasó a la dirección ejecutiva, a la empresa que tiene el Proyecto del Cerro Blanco, en Guatemala, creo que ellos quieren estar cerca de la región por si cambia la correlación política. Podemos tener un gobierno “pro inversiones”, ya sea de
derecha o izquierda y con base a la coyuntura política se pierde la correlación en la Asamblea Legislativa y un Órgano Ejecutivo interesado en inversión, entonces, estamos en un problema. Ahí vemos la contradicción, primero llegan a un consenso en la Asamblea Legislativa en cuanto a la prohibición de la minería metálica, que implica la protección del agua, y mientras, del otro lado tenemos a un grupo de partidos políticos de derecha que están promoviendo una forma de manejo del agua, que viene desde el sector privado, dándole predominio.
Todos sabemos que el manejo del agua en el país es pésimo, tenemos comunidades sin acceso al agua y mucho más grave en algunas zonas del área rural, a mucha gente le toca pagar 10 a 15 dólares, por metro cúbico, cuando compran de cisternas. Y luego, tenemos al sector privado que no paga por el agua obtienen, como las embotelladoras que pagan dos centavos por metro cúbico
de agua y sin restricción y te venden un litro de agua a un dólar en el mercado.
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