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José M. Tojeira
Cuando las situaciones políticas son complicadas, el ideal es tender puentes que faciliten la salida positiva de los problemas. La polarización, la manipulación de las instituciones en favor del poder, como está pasando en Nicaragua, no llevan a soluciones adecuadas. Pueden dar un respiro durante un tiempo, pero agravan siempre la situación, garantizando mayores problemas en el futuro. Cuando el poder está muy concentrado, el puente tiene siempre que ofrecerlo el más poderoso. Y lo más conveniente, si se actúa desde la buena fe, es que el poderoso reduzca su poder, ciñéndose a las leyes vigentes o incluso cambiando aquellas que fueron fruto del exceso de poder y la falta de diálogo. El diálogo siempre es bueno para comenzar. Pero no basta. En regímenes o gobiernos autoritarios, la única manera real de tender puentes es caminar hacia una mayor democracia y respeto al estado de derecho.
En general las democracias modernas y abiertas al diálogo con su propia población hacen eso, más allá de la propia ideología o poder establecido en el gobierno. Chile acaba de dar un ejemplo. Un país en el que se han cometido abusos muy graves de Derechos Humanos en el pasado, sabe ahora responsabilizarse frente a ellos. El gobierno de este país ha tenido conflicto con su gente recientemente. Ha habido abusos policiales y grandes manifestaciones de protesta. Pero los políticos no han reaccionado con leyes más duras. Al contrario, han sabido escuchar a la población y han aprobado una ley de responsabilidad civil del Estado cuando se cometan abusos por parte policial, especialmente cuando haya manifestaciones masivas.
Además, la Comisión de Derechos Humanos del Senado chileno aprobó y dejó listo recientemente para pasar a plenario un proyecto de ley que prohíbe el desnudamiento forzado de los detenidos y los tocamientos de contenido sexual en los procesos de detención policial, penalizando a quienes lo hagan o den las órdenes de hacerlo. Y en otro proyecto se prohíbe la utilización de armas letales o que puedan causar graves daños, cuando la policía tenga que supervisar o enfrentar manifestaciones de la población. A eso se le llama tender puentes con una sociedad enfurecida por la dura situación económica y social, y por algunos abusos cometidos desde la policía.
En El Salvador nos cuesta avanzar y tender puentes, especialmente por parte del poder. Y en ocasiones eso desata una posición más dura de parte de aquellos que critican o se enfrentan al poder. Para empezar en nuestra Asamblea no ha habido una comisión de DDHH, ni en épocas anteriores ni en la actualidad. Incluso las comisiones de ética, cuando se han elegido, contaban en sus filas con algunos de los diputados con clara falta de ética y en ocasiones verdaderos delincuentes, solo liberados de juzgamiento por la complicidad de sus colegas de diversos partidos.
En la actualidad algunos de los diputados y personajes cercanos al poder ejecutivo se han distinguido por su misoginia y agresividad frente a cualquier tipo de crítica. Y por supuesto no tienden puentes, con ofertas concretas de superar situaciones conflictivas. Aun ejemplo muy claro es la negativa a dialogar sobre el bitcoin, frente a posiciones más lógicas y mejor pensadas, que piden la derogación de la ley que autoriza la criptomoneda, por cierto ya muy próxima a entrar en vigor. Abrir el acceso a la información pública, en vez de negarlo, dialogar con apertura sobre el Estado de Derecho, en vez defender cerradamente situaciones legalmente insostenibles, reconocer el derecho a la presunción de inocencia y tratar a los acusados de cualquier delito en conformidad con la legislación nacional o internacional vigente, podrían ser signos de que se quiere tender puentes.
No tenderlos, y más en la actual situación de concentración de poder, solo llevará en el mediano plazo a una polarización creciente en el país.
Y la polarización, el insulto, la negativa al diálogo, nunca lleva al desarrollo humano. Y menos a un país endeudado como el nuestro, con graves problemas de desigualdad y pobreza en demasiados ámbitos de la vida ciudadana y social.
