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Gloria Orellana
@DiarioCoLatino
“Lo que hemos denunciado como abusos o acciones ilegales de oligarcas con sus empresas sobre el tema agua, con la ley que aprobará la bancada cian, terminarán siendo derechos de estas empresas, una normativa que normaliza la injusticia”, dijo Carlos Flores, coordinador de ECOS.
Así reaccionó Flores sobre el anuncio de la bancada oficialista de Nuevas Ideas y sus partidos aliados, GANA y PDC, que terminaron de revisar la propuesta de ley enviada por Casa Presidencial, sobre el Recurso Hídrico de El Salvador.
La Mesa Territorial de la Cordillera del Bálsamo, ACUA y ECOS conmemoraron el Día Mundial de la Alimentación, un recordatorio a los Estados miembro de las Naciones Unidas (ONU) a plantearse la superación de obstáculos y problemáticas sobre la soberanía y seguridad alimentaria y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Este grupo de organizaciones que integran sectores campesinos e indígenas, afirmó que “no hay nada que celebrar”, ante una situación de hambre mundial, la pandemia de COVID-19 y los efectos del Cambio Climático a nivel planetario.
Sobre el recurso natural del agua, Flores reseñó como diversos colectivos ecológicos, sociales y académicos que suman más de 60 organizaciones, buscaron los medios para hacerse escuchar por la Comisión Ad Hoc, en donde presentaron observaciones y contenidos para una Ley de Aguas y Saneamiento, pero al final las y los legisladores crearon una ley a la medida de las grandes empresas.
“No se consideró ninguno de los cambios que propusimos como organizaciones que estas vienen desde la gente en los territorios. Mientras, los grupos empresariales están a sus anchas, -tan es así-, que no formaron los Comités de Cuenca, que sería un espacio real de participación de la gente, en la ley que aprobaron solo lo mencionan, pero no hay mecanismo para realizarlo”, afirmó.
Otro elemento que fue ignorado en esa ley, consideró Flores, fue definir en un artículo la figura legal de la “Junta de Agua”, que es un sistema rural de abastecimiento, y tampoco se creó el permiso especial para la operatividad de estas juntas de agua, para que garanticen el agua a estas poblaciones que históricamente no cuentan con el servicio de ANDA.
“Con la nueva ley de recursos hídricos, las Juntas de Agua, tendrán que pagar por el uso de agua como si fuera una empresa, eso es un riesgo. Y los permisos de uso del agua como los domiciliares o Juntas de Agua que son relativamente bajos les darán 5 años en permisos. Y los industriales y cañeros tienen permisos de 15 años, este es un sin sentido cuando tendrá mayor impacto con la extracción del acuífero, o sea, al centro se ha puesto el interés de la ganancia”, acotó Flores.
Krissia Romero, integrante de ACUA, reiteró la importancia que el Gobierno del presidente Nayib Bukele implemente planes y realice acciones concretas para preservar el agua, hacer producir la tierra y preservar las semillas nativas.
“La FAO ha publicado que los sistemas actuales de producción y distribución de alimentos no logran alimentar al mundo. Y que sin importar que la agricultura produzca alimentos, existe entre 12 a 14 millones de personas (1 de cada 8 personas en el mundo) que viven con hambre crónica”, agregó Romero.
“El Salvador no es la excepción, un estudio sobre inseguridad alimentaria aguda, publicado por CCSAN-SICA, en agosto pasado, estimó que previo al período al -hambre estacional- que se da entre marzo a mayo para el 2022, esperan que alrededor de 900 mil personas entren en esa crisis o emergencia alimentaria a nivel nacional. Con énfasis en Ahuachapán y Morazán”, explicó Romero.
Ante esa realidad y la situación que viven los pequeños productores, Romero señaló que el fomento de la Agroecología sería una solución a los problemas no solo alimentarios, sino también ambientales. Y, fortalecer además la producción campesina a los consumidores para crear una dinámica de economía justa.
“Nos sentimos abandonadas”, manifestaron Lorena Cabrera y Salvadora Hernández, mujeres campesinas de la Mesa Territorial de la Cordillera del Bálsamo y Mujeres Comasagüenses, al considerar que no existen garantías de alimentación y el acceso al agua potable de manera real y efectiva.
Lorena Cabrera, integrante de la Mesa Territorial de la Cordillera del Bálsamo, señaló: “Nos sentimos vulnerables en nuestros derechos. Y es gracias a programas de ACUA y cooperantes extranjeros, que estamos produciendo nuestros insumos agrícolas orgánicos y repelentes de insectos sin contenidos químicos. Son prácticas que protegen al medio ambiente y representa para nosotros obtener alimentos que no daña nuestra salud”.
Sin embargo, lamentó que si bien los pequeños agricultores hacen producir la tierra, con granos básicos, hortalizas y frutales, no cuentan con una propiedad por lo que deben alquilar las parcelas para generar los cultivos de sobrevivencia lo que al final, termina elevando los costos de producción.
Mientras, Salvadora Hernández, del grupo de Mujeres Comasagüenses, reafirmó que se necesitan políticas sectoriales que ayuden realmente a la población campesina para realizar sus proyectos de vida.
“Estamos olvidados realmente, cuando fue la pandemia el presidente (Nayib Bukele) compró a otros Estados alimentos en lugar de estimular la producción nacional.
Si nos quería ayudar era la oportunidad de comprarnos los granos básicos y llevarlos a las zonas donde se cultiva, nos sentimos abandonadas, sin apoyo del gobierno”, reiteró Hernández.
