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Por Julio Fumero
Asunción/PL
La tensión tiende a elevarse hoy aún más entre campesinos y autoridades policiales en una zona de Paraguay, los primeros reprimidos por las segundas para desalojarlos de sus tierras.
Sin visos de solución definitiva en lo inmediato, quienes permanecen en la colonia Guahory, distrito de Tembiaporã, departamento de Caaguazú, están alertas ante cualquier otra acción violenta.
La más reciente ocurrió hace una semana cuando los labriegos trataron de evitar la entrada de colonos brasileños en sus terrenos con el objetivo de apoderarse de ellos, con protección policial que motivó un enfrentamiento.
Los jefes de los agentes adujeron defensa propia cuando atacaron a hombres, mujeres, niños y ancianos del lugar al emprenderla contra sus precarias viviendas para expulsarlos a favor de los invasores, con saldo de unos 20 heridos.
Sin embargo, las víctimas y sus compañeros aseguraron que fueron los uniformados quienes iniciaron las acciones represivas, incluso con la utilización de gas lacrimógeno y balines de goma disparados.
Varios de los moradores fueron detenidos entonces, pero la presión popular y la falta de evidencias sobre su culpabilidad llevaron a su liberación en poco tiempo, algo criticado por el ministro del Interior, Tadeo Rojas.
En aquel momento hubo movilizaciones de condena en el lugar de los hechos y otros cercanos y posteriormente una unificada ante la sede de la cartera del Interior, en esta capital.
La convocatoria para esas protestas fue librada por la Federación Nacional Campesina (FNC), que afirmó cómo con ese proceder una vez más la Policía Nacional engrosó sus ‘actuaciones antidemocráticas, represivas, violentas contra el pueblo’.
Repudió, además, la ocupación de territorios por los agroexportadores, que concentran la tierra, expulsan a comunidades campesinas e indígenas y producen de acuerdo a los intereses de otros países y mercados.
Un intento de buscar soluciones al conflicto aún en progreso hizo la Comisión Permanente del Congreso, encargada de las funciones parlamentarias durante el receso de las dos cámaras. A la sede legislativa acudió el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, a quien le pidieron el aporte del organismo agrario para hallar la inaplazable manera de evitar más enfrentamientos en Guahory.
El Indert, como parte de esfuerzos para encontrar la solución, realizó mejoras en las condiciones de las familias que sí aceptaron ser trasladadas a otros predios a unos 40 kilómetros del lugar.
Igualmente, Cárdenas aseveró que el Indert verifica 40 lotes recuperados por el Estado en Guahory sin títulos de propiedad.
Al respecto, dirigentes de la FNC mostraron cierta conformidad, aunque advirtieron que ello no puede resolver la situación totalmente.
La tensión entre las partes enfrentadas subió peligrosamente cuando las autoridades comenzaron a culpar a los labriegos no solo de haber comenzado los hechos violentos, sino también de buscar con ello oscuros propósitos, como desestabilizar al Gobierno.
‘En ningún caso la Policía propicia la violencia ni represiones’ porque nunca realizan los trabajos de desalojo sin una orden judicial, afirmó en televisión el comisario Optaciano Cardozo, jefe de la tercera zona de esa fuerza.
Mientras, uno de los colonos justificó la ocupación de las tierras con que ya se canceló el pago por ellas en el Indert y les pertenecen, en tanto señaló que el problema surge por influencia de políticos.
Por su parte, la FNC rechazó las acusaciones sobre un supuesto plan de desestabilización y al desmentirlo dejó claro que son precisamente los latifundistas quienes la llevan a cabo y el propio Gobierno por defenderlos.
El dirigente nacional de la FNC Adrián Vázquez dijo a Prensa Latina que la agrupación toma muy en serio esa amenaza, porque tras otras similares debieron lamentar la muerte de campesinos a manos de la Policía.
