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Por Leonel Herrera*
La Fiscalía General de la República tiene en sus manos la posibilidad de terminar de una vez por todas con esta vergüenza que es el proceso penal contra los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES, detenidos arbitrariamente el 11 de enero de este año. La persecución judicial contra estos defensores ambientales es un escándalo nacional e internacional que debe acabar pronto; y la forma más fácil de hacerlo es retirando la espuria acusación penal.
Esto es lo que conviene al país, que es muy mal visto en el mundo por criminalizar a activistas sociales; y conviene también a la propia Fiscalía, por economía procesal y porque podría dedicar los recursos, tiempo y esfuerzos desperdiciados en este caso a investigar verdaderos crímenes de la guerra civil que están impunes (por ejemplo: las masacres cometidas por el ejército gubernamental y grupos paramilitares en Santa Marta).
La Fiscalía dio una buena señal hace casi un mes absteniéndose de apelar la resolución judicial que suspendió la detención provisional y otorgó arresto domiciliar a los líderes comunitarios. Por tanto, podría ser coherente con el principio de legalidad y retirar los cargos para revertir el paso equivocado que ha sido el injusto enjuiciamiento de los ambientalistas anti mineros de Cabañas.
Eso sería un aplaudible acto de decencia, sensatez, sentido común y rectificación, que mostraría a una Fiscalía independiente de los macabros intereses extractivistas que están detrás de la conspiración judicial contra Santa Marta y ADES.
Esta semana el Foro Nacional de Salud exigió a la Fiscalía atender la petición de anular el caso presentada el 11 de agosto, cuando -en una carta dirigida al Fiscal General, Rodolfo Delgado- varias organizaciones y movimientos sociales pidieron retirar los cargos contra los líderes comunitarios. Dicha petición argumenta, principalmente la falta de pruebas, pues la acusación se basa en el relato contradictorio de un testigo criteriado que primero dijo que vio y después que “le contraron” lo sucedido.
La Fiscalía tampoco encontró el cadáver de la supuesta víctima, tras un fallido ejercicio de exhumación que -incluso- se prolongó ilegalmente más allá del tiempo y el lugar establecido por el juzgado que autorizó la diligencia.
La solicitud de las organizaciones también señala que la acusación contra los líderes comunitarios es improcedente, debido a la Ley de Reconciliación Nacional aprobada en enero de 1992 como parte de los Acuerdos de Paz y puesta en vigencia nuevamente por la sentencia de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía emitida por la Sala de lo Constitucional en julio de 2016.
Finalmente, la carta reitera que la persecución contra los ambientalistas de Santa Marta y ADES no es más que una instrumentalización de la justicia para perseguir a personas que jugaron un rol clave en la prohibición legal de la minería metálica y que representan un “obstáculo” para quienes buscan reactivar esta nociva industria a pesar de su inviabilidad en el país.
Entonces, señor Fiscal, usted tiene la palabra. Está en sus manos parar ya este bochorno nacional y el mal mensaje que el sistema judicial (Fiscalía y tribunales) ha dado al mundo durante los últimos ocho meses.
¡Terminemos con esta vergüenza !
*Periodista y activista social.
