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Gloria Orellana
@DiarioCoLatino
“Ya se terminó la pantomima de la discusión de la ley del agua, que no incluyó ninguno de los puntos no negociables que presentaron las organizaciones sociales”, expresó Adalberto Blanco, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, al considerar que el articulado de la ley se encuentra lejos de estar al servicio de la población.
“Los derechos de la población vulnerable y empobrecida del país no se reflejan en el contenido de la nueva ley. Por el contrario, se han retomado los intereses de la empresa privada a la que garantizaron 15 o 30 años de permiso para extraer el agua de los afluentes, ríos y acuíferos”, denunció Blanco.
El pasado 21 de octubre la Comisión Ad Hoc, que realizó el estudio de la propuesta presidencial del anteproyecto de la Ley de Recurso Hídrico, culminó con algunos arreglos solo de forma de los 164 artículos que contiene la normativa, y dejó la sesión abierta para su última revisión.
La comisión Ad Hoc, mayoritariamente oficialista (NI) y los partidos aliados, sacaron ventaja de 9 votos contra 1 de la oposición que terminó con la aceptación de un solo anteproyecto de ley, dejando afuera otras iniciativas presentadas por diversas organizaciones sociales, ambientalistas, de derechos humano, iglesias históricas y el sector académico durante los último 15 años.
“Lastimosamente, han hecho esta discusión con invitaciones a organizaciones sociales, pero sin tomar en cuenta su opinión, no se incorporaron sus demandas y están atentando contra la vida de las personas”, dijo.
“No tendremos reconocido el derecho humano al agua, no contiene la definición real del bien público y estamos frente a esta disyuntiva de la asignación de cánones, que está lejos de la propuesta de un pliego tarifario justo y equitativo. Y encima permisos de 15 años de explotación de agua, no hay nada bueno en la ley”, sostuvo Blanco.
Mientras, César Artiga, coordinador del Equipo Impulsor de la Ley de Escazú en el país, calificó de “atentado al derecho humano al agua” la nueva normativa que carece, a su parecer, del enfoque de derecho humano, y solo queda en un discurso oficial más inclinado a lo mediático, que al tema de nación.
“¿Cómo pueden hablar que están construyendo una ley con enfoque de derechos humanos?, si abiertamente, han priorizando el uso y el usufructo del agua para los fines industriales, comerciales y en función del mercado”, se preguntó.
“Esto es una afrenta contra el derecho humano al agua, y desde su principio esta nueva normativa no busca garantizar el acceso al agua. Allí, de entrada según un informe de la PDDH de 2016, aún era procurador David Morales, explicaba que al país solo le quedaban como 80 años de agua, y eso es grave”, sostuvo Artiga.
El artículo 96, votado por la mayoría del partido Nuevas Ideas, dice: “Que el canon (cobro) por uso y aprovechamiento se establecerá con base al volumen de agua utilizada en un período de tiempo específico. Este período de tiempo se expresará en horas por día; días al mes o meses por año”.
Sobre el derecho humano al agua, citó Artiga, las Naciones Unidas (ONU) han definido que una persona necesita entre 50 a 100 litros de agua al día para su consumo, actividades domésticas y su aseo personal, pero la realidad en el país dista mucho que esos estándares se cumplieran.
“Una piscina olímpica necesita 2, 273. 09 metros cúbicos de agua, traducido en litros son 2, 273, 090 litros de agua, para tener una idea de la dimensión. Entonces, si la persona necesita entre 50 a 100 litros para su consumo básico y no tener afectaciones en su salud, ahora la cantidad de agua que se les está autorizando a las empresas es una aberración”, manifestó Artiga.
No obstante, Artiga consideró como más grave que se haya discutido una ley de agua, que no asegura que habrá este recurso natural para las presentes y futuras generaciones. Ni que habrá en cantidad y calidad.
“Lo que está planteando en la Ley de Recursos Hídricos de El Salvador, es una serie de inconsistencias que niega todos los enfoques que han argumentado, se encuentran incluidos, como la protección de cuencas hidrográficas, género y derechos humanos”.
“Todos estos enfoques han sido negados. Y lo podemos, ver, cuando a la hora de decidir por los usos y el usufructo del agua el enfoque es la generación de utilidades esto pertenece al sector privado, y pues siempre se centran en los principios mercantilistas del agua y no del bienestar de las comunidades y ecosistemas, porque de eso tampoco se habla en la ley”, reiteró Artiga.
Similar lectura realizó el presidente del CESTA, Ricardo Navarro, quien hizo énfasis, que se está tratando de legalizar que la empresa pueda extraer mil metros cúbicos de agua por 15 años, cuando no se ha garantizado la abundancia de la misma en los pocos mantos acuíferos del país.
“Eso es totalmente ilógico, como puede pensar el Estado que puede garantizar por 15 años que X empresa extraiga agua sin interrupción. Y qué tal si se nos viene una sequía y esta dura 5 años o bajan los niveles -como será- de los mantos de agua. Si hasta demandarlos pueden por faltar a la ley”, dijo Navarro.
“Si baja la precipitación pluvial, digamos un 10%, entonces se puede dar un 10% menos esos serían los cálculos que tendrían que hacer para permitir la extracción de agua. Esos cálculos ya los tenía el MARN, años anteriores esto ya se evalúo, entonces deben valorar esas cláusulas de disponibilidad de agua”, sugirió Navarro.
En cuanto a la decisión del diputado Christian Guevara, que amplió el permiso de explotación del agua de 5 a 15 años, por el enfoque empresarial de la inversión y los plazos de préstamos en los bancos, Navarro, opinó que los bancos podrían trabajar por decreto, pero no la naturaleza.
“El diputado Christian no entiende lo que está pasando con la reserva de agua del país.
Es más, los bancos deberían entender y cambiar la Ley de los Bancos, o sea, que pueden dar un préstamo condicionado como los cultivos y que la gente va a pagarle siempre y cuando caiga la lluvia para ese cultivo.
Porque no somos dueños de la naturaleza, solo formamos parte de ella y debemos entenderlo”.
Sobre los cánones asignados y las tarifas, Navarro señaló la falta de un estudio y diagnóstico de la situación hídrica del país, y lamentó que se haya acudido a fórmulas de países que cuentan con otra realidad en cuanto a la disponibilidad del agua.
“Hay que tratar de salvadoreñizar las cosas, esa propuesta de fórmula para el canon del agua, que es de Colombia o Canadá, tiene otro contexto del recurso y de la capacidad de la gente para pagarla; es más importante corroborar que haya agua antes de cederla”, dijo.
“Si no contamos con recursos hídricos ¿Qué vamos hacer?, primero, proteger el territorio y parte de la legislatura debería estar enfocada en garantizar el ciclo hidrológico, que es el que permite al ecosistema su funcionamiento y eso comienza arborizando las zonas que han sido deforestadas, protegiendo las zonas recolectoras de agua lluvia y dejen de destruir el Valle El Ángel, creo que falta mucho conocimiento de la realidad del problema hídrico nacional”, puntualizó Navarro.
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