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Editorial ARPAS
El 13 de enero de 2001, el país fue sacudido por el primero de los dos terremotos por los que recordamos ese fatídico año. Exactamente un mes después, el 13 de febrero, fue el segundo. Ambos provocaron la muerte de más de mil personas y cuantiosos daños materiales, especialmente en viviendas.
El más mortal de estos sismos fue el primero: con 944 de los 1,259 fallecidos, la mayoría en Las Colinas, la emblemática tragedia en una residencial de clase media en Santa Tecla, donde una empresa constructora -en su desmedido afán de lucro- había socavado las bases de la montaña que, con el fuerte sismo, se derrumbó y cayó sobre la colonia.
Veinte años después, el país no aprendió la lección. Las élites empresariales, sus representantes políticos y sus servidores gubernamentales siguen empeñados en impulsar proyectos urbanísticos que agravan el deterioro ecológico y aumentan los riesgos de desastres socio-ambientales.
El ejemplo más ilustrativo es Valle El Ángel, impulsado por la empresa Urbánica, de la oligárquica familia Dueñas, que fue autorizado recientemente por el Gobierno de Nayib Bukele, a pesar de los constantes llamados de comunidades afectadas, organizaciones ambientalistas y las iglesias que piden detener el proyecto.
La obra se ubica en una zona de riesgo de derrumbes o deslaves en las faldas del cerro El Picacho y sobre una zona de recarga hídrica que alimenta al acuífero subterráneo de Nejapa. Esto significa que ahí podrían suceder tragedias como en Las Colinas y, además, aumentará la escasez de agua en San Salvador.
El ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, Fernando López declaró: “Los permisos no pueden negarse” y apeló a la necesidad de “no frenar el desarrollo”. Con este mismo argumento falaz, el presidente Bukele se negó a ratificar el Acuerdo de Escazú en septiembre del año pasado; alegó que dicho tratado ambiental sería “un obstáculo para construir viviendas”.
La semana pasada la Cámara Ambiental pidió al MARN que informe sobre las cartas de rechazo, solicitudes de información y la subsanación de observaciones a la viabilidad del proyecto; pero no ordenó la medida cautelar solicitada por las organizaciones: detener la ejecución de la obra.
Valle El Ángel cuenta, además, con el “aval espiritual” de “Los Heraldos del Evangelio”, una rancia organización del conservadurismo católico que -contrariando la postura del Arzobispado de San Salvador que rechaza el proyecto- pretende construir una catedral a “Virgen de Fátima” para legitimar la cuestionada obra urbanística.
Ojalá que la conmemoración del vigésimo aniversario de los terremotos no pase desapercibida y que los diversos sectores nacionales reflexionen sobre la urgencia de evitar proyectos ecológicamente inviables, reducir la alta vulnerabilidad socio-ambiental y promover un modelo de desarrollo sustentable.
