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Redacción Nacionales
@DiarioColatino
Las declaraciones anticipadas de dos testigos vinculados al caso de la masacre de los Jesuitas fueron revisadas en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, este lunes.
Estas declaraciones son previas al juicio del asesinato de los jesuitas y dos mujeres colaboradoras, ocurrido el 16 de noviembre de 1989 cuando efectivos militares entraron a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y los asesinaron.
Las ocho personas fueron asesinadas en la UCA, ubicada en la ciudad de San Salvador (El Salvador), por un pelotón del batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador bajo las órdenes del coronel René Emilio Ponce.
Ese día murieron los sacerdotes jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, rector de la universidad, Ignacio Martín-Baró, vicerrector académico, Segundo Montes, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Juan Ramón Moreno, director de la Biblioteca de teología, Amando López, profesor de filosofía, Joaquín López y López, salvadoreño, fundador de la universidad y estrecho colaborador, las colaboradoras empleadas domésticas Elba Ramos, salvadoreña y su hija Celina Ramos, salvadoreña.
En la audiencia se revisaron las declaraciones anticipadas de dos testigos, el coronel Guillermo Alfredo Benavides y “Gabriel”, que es un testigo bajo régimen de protección.
El objetivo de esta audiencia era verificar las actas, específicamente sobre si lo escrito correspondía a lo declarado por ambos testigos.
La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que la revisión se hizo por medio de un video en la cuenta oficial de la institución.
Benavides ha insistido que fueron el general René Emilio Ponce y el teniente coronel Camilo Hernández los que dieron la orden de la masacre. Mientras el testigo bajo protección inculpa a Benavides, ya que el dio la orden de “liquidar” al sacerdote Ignacio Ellacuría.
Es de recordar que la solicitud de reabrir el caso fue presentada ante el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador por las autoridades de la UCA.
Y esta decisión fue tomada, ya que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró en julio de 2016 la inconstitucionalidad de la ley de amnistía que había perdonado todas las atrocidades cometidas durante la guerra civil entre 1980 y 1992.
La Compañía de Jesús también optó por reabrir el caso ante la “pasividad” de los distintos órganos de Estado en cuanto a “legislar sobre justicia transicional y judicializar” estos delitos.
Estos casos fueron señalados en el informe de la Comisión de la Verdad, creada por la ONU, para investigar parte de los crímenes que se cometieron en el conflicto.
“Esta acción (reapertura del caso) se enmarca en la búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición frente al crimen de lesa humanidad cometido con el asesinato”, habrían destacado en su momento las autoridades de la UCA.
