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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
El claro establecimiento de la presencia del Batallón Atlacatl y otras guarniciones militares, las torturas, la destrucción de bienes inmuebles y el asesinato colectivo, quedaron evidenciados, afirmaron los abogados acusadores Wilfredo Medrano y David Morales, quienes son parte del proceso judicial contra los militares señalados de perpetrar la masacre de El Mozote y lugares aledaños, el diciembre de 1981.
Los testimonios de Eugenio Mejía del cantón La Joya, Alejandro Hernández Argueta del caserío El Jocote Amarillo y Benito Márquez Chicas del Caserío Las Pilas, Arambala, Morazán, fueron consistentes, afirmó David Morales de CRISTOSAL, referente a los operativos registrados, en ese entonces, por la Fuerza Armada durante el conflicto armado de la década de los ochenta.
“El Estado Mayor tuvo conocimiento siempre y dirigió esta operación compleja de exterminio de la población, esto involucró a varias unidades militares de la Fuerza Armada, entre ellas, la Fuerza Aérea, Brigada de Artillería, el Batallón Atlacatl y otras unidades, que dieron apoyo a una operación de miles de efectivos de militares de diferentes unidades”, aseveró.
Foto Diario Co Latino/Guillermo Martínez.
El proceso penal que se realiza en el Juzgado Segundo de Primera Instancia, en San Francisco Gotera, Morazán, es tramitado bajo el Código Procesal Penal, vigente durante 1973 a 1998, en el cual, el juez tiene un rol protagónico en la conducción del proceso de investigación abierto, luego que la sentencia de la Sala de lo Constitucional derogara la Ley de Amnistía de 1993.
Morales evaluó que el Alto Mando militar de ese entonces tenía que conocer del operativo. El exministro de Defensa General José Guillermo García y el jefe del Estado Mayor General Rafael Flores Lima tenían información de primera mano y podían dar órdenes.
“Un operativo de esta característica debía mantener un flujo de información del día a día, como lo reporta el protocolo que utiliza la Fuerza Armada y ellos tenían que saber qué ocurría en el teatro de la operación militar. Y todas las pruebas van consolidando a la responsabilidad del Alto Mando y del Estado Mayor”, consideró Morales.
Sobre este crimen masivo, calificado de “lesa humanidad” y que fuera ejecutado por el Batallón Atlacatl, los abogados acusadores junto a la Fiscalía General de la República señalaron que era importante establecer quiénes son los autores intelectuales y que dieron las órdenes del operativo militar.
“Debemos establecer quiénes coordinaron y garantizaron la gasolina, el transporte que dieron los helicópteros, la munición, la alimentación para más de mil hombres, todas estas acciones eran dirigidas por el más alto nivel y no fue un acto aislado. Ellos estaban produciendo varias masacres en diversos sitios como del río Sumpul, El Mozote, El Calabozo, derivado de una política sistemática de matanza de civiles”, sentenció.
Mientras, Wilfredo Medrano, de Tutela Legal “María Julia Hernández”, calificó de positivo el papel de los sobrevivientes y víctimas, por ser más protagónico y ahora junto a la Fiscalía General de la República quienes encontraron a los últimos testigos de la prueba testimonial en el caso de la masacre de El Mozote.
“Es lo que nosotros queremos, que la Fiscalía se active a favor de las víctimas y después de tantos años. Y esperaríamos que no solo el caso de El Mozote sino el Sumpul, Monseñor Romero y otros casos. La Fiscalía también debe aumentar el número de fiscales asignados a crímenes de guerra, para que den cumplimiento a las expectativas de víctimas y sobrevivientes, así como familiares que perdieron a familias completas y que los dejaron sin hogar y sin arraigo de su tierra”, reflexionó. Sobre los últimos testigos, Medrano confirmó que el próximo 16 de febrero la Fiscalía presentará a los testigos militares: Noé Antonio Pineda, jefe del departamento del Archivo General de la Fuerza Armada, y José Rolando Morales Belloso, jefe del C-1 Personal, para que rindan su testimonio y aporten al proceso judicial.
“Ellos vienen con fines aclaratorios y para explicarle al señor juez sobre el proceso de búsqueda de información de carácter militar y la que está relacionada con la Operación Rescate, que es el nombre del operativo ejecutado en El Mozote. Vamos a oír qué explican de esto, porque anteriormente habían dicho que no existía ninguna de esta información. Y el juez tendrá la oportunidad de preguntar sobre las áreas técnicas y procedimientos, luego de esto vamos a ver qué peticiones se pueden hacer porque suponemos que bajo juramento dirán la verdad y no pueden ocultar información y es un derecho de las víctimas el saberla”, concluyó.
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