La H.B. 1718, entre otras medidas, exige el uso obligatorio del sistema federal de verificación de empleo E-Verify, obliga a los hospitales que reciben Medicaid preguntar y reportar el estado migratorio de sus pacientes, exige a los empleados estatales colaborar en asuntos migratorios, prohíbe las licencias de manejar de indocumentados emitidas por otros estados y castiga con severas penas el transporte a sabiendas de extranjeros ilegales desde otros estados hacia Florida.
Qué dicen las leyes de Texas
Los proyectos H.B. 800 y H.B. 7 castigan con severidad actividades delictivas que impliquen el tráfico de personas o el funcionamiento de casas para ocultarlos.
Una de las medidas aumenta las penas, hoy en día de entre 2 a 10 años de cárcel, a un mínimo de 10 años por cada indocumentado transportado al estado.
“Si el acusado es declarado culpable de más de un delito (grave en primer grado), las sentencias por esos delitos deben correr simultáneamente entre sí”, agrega el texto.
La pena estipulada por esta falta será de 10 años de cárcel por cada uno de los cargos presentados. Y el castigo podría ser aumentado a 15 años, “a menos que otra disposición de la ley aplicable al delito prevé un mínimo de pena de prisión de 15 años o más”.
Las penas también aumentarán dependiendo de la gravedad del delito, el que se determinará dependiendo si la persona traficada sufra lesiones corporales graves o la muerte; si se trata de un niño o menor de edad; si el delito se cometió con la intención de obtener un beneficio pecuniario; si el traficante portaba un arma de fuego; si el extranjero traficado se convirtió en víctima de agresión sexual; yo la persona muere.
En cuanto al proyecto de Ley H.B. 7 se crea una Unidad de Protección Fronteriza (BPU, por sus siglas en inglés) para «repeler» a quienes, precisa, intenten entrar ilegalmente al estado de Texas evadiendo los controles de seguridad federales.
El proyecto de ley H.B. 7 también permite la creación de las llamadas “corte de protección fronteriza” quienes entre otras funciones determinarán las compensaciones a las víctimas por daños causados por los «extranjeros ilegales» a sus propiedades en la región fronteriza.
La iniciativa también incluye la asignación de fondos a los gobiernos locales e instituciones comunitarias en la frontera para la construcción y mantenimiento de instalaciones relacionadas con la seguridad fronteriza, incluidas las instalaciones utilizadas para mitigar la actividad delictiva y amenazas a la salud pública en la región fronteriza.
Entre las instalaciones se incluye la construcción y mantenimiento de muros, cercas y otras barreras físicas a lo largo de la frontera con México “con el fin de mejorar la seguridad y la protección de las personas del estado de Texas”, señala el texto.
El proyecto de ley H.B. 7 también autoriza que los agentes que integren la BPU puedan, en la medida en que sea compatible con la Constitución de Estados Unidos y leyes del estado, tengan la facultad para arrestar, aprehender o detener a extranjeros que cruzan la frontera con México de manera ilegal o no autorizada.
La iniciativa también menciona que podrán disuadir a las personas indocumentadas que, intentan cruzar la frontera ilegalmente, incluso con el uso de medidas no mortales de control de multitudes.
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