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Con el deceso del sacerdote Cecilio Pérez, la Iglesia Luterana Salvadoreña se solidariza y hace un llamamiento a las autoridades para que se haga justicia.
José Flores
@DiarioCoLatino
El Salvador es un país desbordado en violencia, afirma el obispo de la Iglesia Luterana Salvadoreña (ILS), Medardo Gómez. Todos los días, el país viste de luto a causa de la inseguridad y la mañana del 21 de mayo el Sínodo Luterano Salvadoreño, lo hace para solidarizarse con la Iglesia Católica y la familia del sacerdote Cecilio Pérez Cruz, quien fue asesinado el fin de semana anterior en Juayua.
Según el obispo, quien recibió testimonio de gente cercana al sacerdote, este siempre denunciaba las injusticias que se daban en la zona de Juayúa. Menciona que últimamente, Pérez, hacía llamamientos a causa de la tala de árboles en la región.
No obstante, llama a que se realice una exhaustiva investigación por parte de las entidades, que este caso no quede en la impunidad. Afirma que como muchos otros promotores de la justicia, este merece que se conozca la verdad; existen delitos como el asesinato del sacerdote Walter Vázquez, hace más de un año en el oriente del país, hasta la fecha no tienen resolución alguna.
Esta problemática, según el obispo, puede deberse a que en muchos de estos casos hay personas ostentando cargos de poder, que podrían ser señalados. Por ello, también comenta que es necesaria una Ley de Reconciliación, no de perdón y olvido.
Menciona que desde tiempos de la guerra, la reconciliación es una deuda histórica del estado. “No podemos olvidar los hechos, necesitamos conocer la verdad”, afirma el obispo, pues dice que lo más importante es hacer justicia a todas las víctimas.
Y no solo víctimas de homicidio, comenta el reverendo Rafael Menjívar, de la ILS. También deben tomarse en cuenta los casos como el de la radio el Bálsamo, quienes sufrieron de un robo, donde sustrajeron su equipo de transmisión y producción.
Además, comenta el obispo, el crecimiento en los índices de delitos a los niños, niñas y adolescentes, según estudios de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), mencionan que estos son víctimas de maltrato, abuso y violación. Además, esta investigación revela que sus victimarios son, regularmente, personas cercanas al infante; es decir, familiares, amigos o vecinos.
Todos estos problemas son invisibilizados para el Estado actual. Sin embargo, el cambio de gobierno, deja de lado los dos bandos en contienda y esta debe ser una oportunidad para la nueva diligencia; una oportunidad de crear una ley donde se haga una justicia restaurativa, que dote de dignidad a las víctimas y sus familias, menciona Gómez. Esto, a su vez, ayudaría a frenar la impunidad que prevalece en las instancias encargadas de resolución de estos casos.
