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Por Rodrigo Almonacid/Héctor Velasco
Bogotá/AFP
Un año después de haber firmado la paz, el partido de izquierda FARC buscará llegar al poder en Colombia con candidato presidencial propio: Timochenko, el jefe de la que fuera la guerrilla más poderosa del continente.
Surgida del acuerdo que puso fin a un conflicto armado de más de medio siglo, la FARC hizo una osada apuesta política: disputar las presidenciales de mayo de 2018 cuando todavía no está despejado el camino para la participación política del desaparecido movimiento armado.
«Entramos de lleno en la contienda política de 2018 con candidatos propios para la presidencia y el Congreso de la República», afirmó Iván Márquez, exjefe negociador de paz y dirigente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, luchará por la presidencia de un país históricamente gobernado por la derecha, mientras Márquez, Pablo Catatumbo, Carlos Lozada, Jesús Santrich, Victoria Sandino, exdelegados de paz, entre otros, encabezarán las listas para Senado y Cámara de Representantes en los comicios de marzo.
De 58 años, Londoño fue el último comandante de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) antes de que ese grupo depusiera los fusiles y se convirtiera en partido este año, tras suscribir el histórico acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos en noviembre de 2016.
Timochenko sufrió en julio un accidente cerebral transitorio que le afectó el habla y lo obligó viajar a Cuba, sede del proceso de paz y donde lleva a cabo su recuperación.
Este miércoles no estuvo presente en el acto en que fue lanzada su candidatura «por motivos de salud», dijo a AFP el dirigente rebelde Marco Calarcá, aun así podrá participar en la contienda electoral.
Los de la FARC saben que con Timochenko «no van a ganar, pero saben que pueden fortalecer el movimiento político. La paz significa eso, saltar de las balas a los votos», declaró Víctor de Currea Lugo, académico experto en el conflicto colombiano de la Universidad Nacional (estatal).
Incierto panorama
Con una imagen negativa en la mayoría de las encuestas, la FARC destapó sus cartas electorales sin que el Congreso todavía apruebe la ley que sustenta el sistema especial de justicia al que deberán someterse los rebeldes implicados en delitos graves durante el conflicto, incluidos Londoño y Márquez.
El acuerdo de paz establece que los rebeldes y militares podrán recibir penas alternativas a la cárcel si confiesan sus crímenes, reparan a las víctimas y se comprometen a nunca más ejercer la violencia.
Sin embargo todavía el Congreso, con una debilitada mayoría oficialista, no ha aclarado si Timochenko y los demás candidatos podrán ejercer cargos sin ser juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o si quedarían inhabilitados en caso de ser hallados culpables después de su elección.
El acuerdo de paz les garantiza a la FARC al menos diez curules en el Legislativo de 268 miembros por ocho años, aunque aun así deberán presentarse a elecciones.
El comisionado de paz, Rodrigo Rivera, anticipó este miércoles que si los elegidos son sancionados por la JEP no podrían ejercer los mandatos y «tendrían que ser reemplazados por quien los suceda en las listas».
Pero para la FARC el pacto de paz no prevé trabas para su desempeño político.
«Exigimos al Congreso y a toda la institucionalidad del Estado ceñirse estrictamente a lo determinado por la Corte Constitucional y no variar más, ni en una coma, el acuerdo», sostuvo Márquez.
Mientras se resuelven las dudas, la organización de izquierda enarboló las banderas contra la corrupción y la «erradicación definitiva del hambre y la pobreza» en Colombia.
También planteó una «reorientación del modelo económico» de libre mercado que rige en Colombia, aunque evitó alinearse con el proyecto chavista o cubano.
Los colombianos renovarán Congreso y elegirán presidente para cuatro años en una campaña que se anticipa muy polarizada entre los defensores del acuerdo de paz con la guerrilla y quienes se oponen a las supuestas concesiones a la FARC.
Santos, quien intenta también llegar a un acuerdo con el grupo guevarista del ELN para sellar un conflicto que deja más de siete millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados, está inhabilitado por ley para presentarse a un nuevo mandato.
