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Por Leonel Herrera*
El desempeño del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque en el “Caso Santa Marta” revive la esperanza de que no todo está perdido en el sistema judicial salvadoreño, pues todavía hay jueces decentes e independientes que actúan apegados a derecho.
Las juezas que integran el referido tribunal acordaron en forma unánime decretar el sobreseimiento definitivo de los líderes comunitarios de Cabañas, sobreponiendo la legalidad y el debido proceso ante la acusación sin pruebas de la Fiscalía General de la República (FGR) y los intereses extractivistas que conspiraron para montar este caso.
A diferencia de las juezas de paz de Victoria y de instrucción de Sensuntepeque, que actuaron como simples tramitadoras de la Fiscalía, las juezas de sentencia de Sensuntepeque actuaron con seriedad y profesionalismo durante la vista pública y emitieron un fallo basado en elementos probatorios, principios del debido proceso y aplicación correcta de la ley.
Así, las juezas establecieron en su resolución que la representación fiscal no pudo demostrar la existencia de delitos de lesa humanidad y que, por tanto, no procedía la acción penal porque los delitos juzgados (si es que se cometieron) ya prescribieron.
Las juezas establecieron que, tal como la Fiscalía presentó los hechos, “es inalcanzable sostener que se constituye un crimen de lesa humanidad y, por consiguiente, a esta fecha es imposible la imputación para un delito de naturaleza común”.
La resolución judicial argumenta que el supuesto asesinato imputado por la Fiscalía no reúne las condiciones establecidas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para ser considerado delito de lesa humanidad, ya que no fue parte de un ataque generalizado y sistemático contra población civil.
Según la Fiscalía, la Resistencia Nacional “asesinó a unas 40 ó 50 personas en Santa Marta durante el conflicto armado”. Sin embargo, el fallo señala que la acusación fiscal no menciona quiénes fueron esas personas y no detalla por qué fueron asesinadas, si era civiles o no, si había un plan estructurado y quiénes lo realizaban; ni los lugares, momentos y circunstancias de las ejecuciones.
La resolución también señala que la Fiscalía “no aportó documento alguno relativo a la defunción de al menos una de las cuarenta o cincuenta personas que dijo el testigo (protegido con clave Soriano) que fueron asesinadas, ni prueba testimonial de personas afectadas que soporte o corrobore dicha información”.
Además, para las juezas, el relato fiscal se queda corto y es débil en cuanto a detalles de las acciones, estructuras y otros aspectos relevantes en cualquier descripción de hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra.
Finalmente, el fallo descarta que haya crimen de guerra, debido a que la pertenencia guerrillera de la supuesta víctima impide aplicar los Convenios de Ginebra que protegen a quienes no participan en las hostilidades: civiles, personal sanitario, trabajadores humanitarios y quienes dejan de participar en ellas, como soldados heridos, enfermos, náufragos y prisioneros de guerra.
“Quedó acreditado que la señora Maria lnés Alvarenga no era persona civil, sino que pertenecía a la guerrilla denominada Resistencia Nacional”, sostiene el fallo. “No solo por declaración de sus propios hijos, que la mencionan como colaboradora; sino por lo dicho por el testigo clave Soriano, quien la definió como miembra de la guerrilla que no salía al monte porque era cocinera”.
Las juezas también observan que la estructura organizativa y las funciones de los procesados consignados en la acusación no concuerdan con el organigrama de la Resistencia Nacional presentado por la misma Fiscalía.
“En consecuencia, si se ha extinguido la acción penal, no es posible a esta fecha perseguir los delitos acusados, y por tanto, debe definirse la situación jurídica de los imputados emitiendo un sobreseimiento definitivo”, concluye la resolución.
Lo actuado por las juezas de sentencia de Sensuntepeque contrasta, como se dijo antes, con el desempeño de sus pares de paz de Victoria y de instrucción de Sensuntepeque. También contrasta con la actitud sumisa, cobarde y antijurídica de muchos jueces en diversos tribunales del país que deberían sentir vergüenza por traicionar su rol de aplicadores de justicia.
Por tanto, desde este espacio de opinión, hacemos un llamado a esos jueces y juezas a rectificar, es decir: actuar con independencia, apegados a la legalidad, dignificando al sistema judicial y en cumplimiento del derecho a la pronta y cumplida justicia.
Finalmente, es necesario reiterar el llamado a respetar el fallo del Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque y exigir el cese de la manipulación del sistema judicial para perseguir al activismo ambiental y a la defensa de derechos humanos.
*Periodista y activista social.
