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Redacción Nacionales
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La dirigente histórica y exparlamentaria por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Lorena Peña, enfrenta un proceso judicial por presunto enriquecimiento ilícito cuando fungió como funcionaria en la Asamblea Legislativa. Peña ha negado de forma reiterada las acusaciones del ministerio público e informó que todo está debidamente documentado.
La Cámara Primero de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador instaló la audiencia contra Lorena Peña y su hija, Ana Virginia Guardado Peña, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) las acusa por presunto enriquecimiento ilícito por un monto de $277,482.54.
La demanda tiene como base un total de 15 supuestas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, y fue presentada por fiscales de la Unidad Especializada Delitos de Corrupción ante la Cámara.
El expediente fiscal fue abierto después que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en pleno notificó de las presuntas irregularidades detectadas por la Sección de Probidad.
Las supuestas irregularidades que Peña no ha podido justificar son en su calidad de exparlamentaria en los períodos comprendidos entre el 1 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2015, y del 1 de mayo del 2015 al 30 de abril del 2018. Las presuntas inconsistencias se reflejan en depósitos bancarios en efectivo, en la adquisición de dos inmuebles y el pago de tarjetas de créditos por un total de $140 mil 521 dólares con 57 centavos.
Por otra parte, a Ana Virginia Guardado Peña se le ha demandado por 8 presuntas irregularidades consistentes en pagos en depósitos bancarios en efectivo y en pago de tarjetas de crédito por un monto de $136 mil 960. 94 centavos.
El ministerio público fiscal pretende que ambas devuelvan el dinero que se les acusa de haberse apropiado.
Lorena Peña, conocida como la Comandante Rebeca Palacios en la guerra civil, dijo a DIARIO CO LATINO que, si la Cámara admite las pruebas y las valora “adecuadamente”, “me va a declarar inocente, porque este es un juicio montado basado en falsas acusaciones”.
Para la expresidenta de la Asamblea, este caso “es parte de la persecución política del régimen que utiliza las herramientas del sistema judicial para golpear a sus opositores”.
La exfuncionaria aclaró que todo ha sido “debidamente documentado para justificar los ingresos que ellos dicen injustificados, y también para desmentir información falsa que va en el informe de la Sección de Probidad de la CSJ; es falso que yo no haya justificado debidamente mi situación patrimonial”.
Peña dijo considerase víctima del Gobierno ya que se le violan sus derechos y pretende no solo “lincharme” mediáticamente; sino despojarla de los bienes de sus padres. Sobre las acusaciones que realiza la FGR; Peña informó que la adquisición de los dos inmuebles son dos escrituras de un inmueble de 800 m² que compró en 2005 para pagarlo a 10 años; dijo que le costó $11,800, pero en cuotas anuales de $1,180, más los intereses. “Lo terminé finalmente de pagar en el 2017 y ellos (FGR) tratan de decir que es una gran hacienda, cuando es un pequeño terreno rústico que lo pagué a lo largo de 12 años, (pero) quieren dar a entender que lo pagué de un solo y que no saben de dónde saqué los $11,000”, puntualizó Peña.
La exlegisladora sostuvo que ese terreno fue el único que compró en su vida con sus ingresos, ya que los otros que tiene, son de sus padres; sin embargo, “lo he tenido que vender para pagar mi defensa, de tal manera que me han despegado del único inmueble que yo había comprado por modesto que fuera”.
Por otra parte, dijo no haber administrado fondos públicos: “las supuestas irregularidades no implican ninguna sustracción a fondo de la hacienda pública. A pesar de que la Sección de Probidad pretendió montar un caso escandaloso yo documenté debidamente todos los casos”.
“Si al final me declaran culpable y pretenden que yo le de dinero al gobierno, realmente va a hacer como un despojo, porque yo no he sustraído ni aceptado ningún fondo ilegal de ningún organismo del gobierno, ni de ONG, ni de empresa alguna”, remarcó Peña.
Peña concluyó que la Sección de Probidad tiene los documentos de cómo fue adquirido el inmueble y también se han presentado ahora ante sede fiscal.
