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@arpassv
Los ataques armados de presuntos mareros contra elementos e instalaciones policiales revelan el curso aún más peligroso que está tomando la violencia de pandillas. Estos grupos delictivos hoy utilizan armas de guerra y técnicas de asalto militar para emboscar a agentes estatales.
El ataque contra una sede policial en Quezaltepeque y la emboscada contra una patrulla en Aguilares advierten sobre una posible “guerra” de las maras contra las fuerzas de seguridad pública. Y esto debe alertar seriamente al país entero, capsule para evitar una mayor escalada de violencia.
Los detractores de la tregua entre pandillas consideran que este inusual “proceso de pacificación” generó condiciones para que las maras se armaran mejor y se adiestraran más; por tanto, recomiendan acabar con la tregua y poner “mano dura” contra las pandillas. Esto, sin embargo, sería un grave error: responder a la violencia con más violencia sólo provocará mayor confrontación.
El problema de la tregua es que no ha sido acompañada por otras medidas de seguridad: mayor inteligencia policial, desarme de la sociedad, actuación fiscal efectiva y desempeño diligente del sistema judicial. Por tanto, la grave situación de inseguridad y los ataques pandilleriles contra elementos policiales reiteran la urgencia de una estrategia integral contra la delincuencia pandilleril y del crimen organizado, sobre todo el narcotráfico al que están vinculadas las maras.
Esta estrategia debe equilibrar tres elementos: represión, reinserción y prevención, sin las cuales no es posible una política integral de seguridad pública.
La represión incluye mayor inteligencia y despliegue policial, efectividad fiscal en la investigación del delito y certeza judicial en la aplicación de la ley contra los delincuentes. El peso de la acción estatal debe ser contundente contra el crimen para así evitar el mayor incentivo de los criminales: la impunidad.
La reinserción se refiere a la posibilidad de que los transgresores de la ley tengan oportunidades de reincorporarse a la vida útil en la sociedad, y esto pasa por transformar los centros penitenciarios para que en vez de ser escuelas del crimen sean espacios de rehabilitación. La reinserción requiere de medidas inclusivas.
Y la prevención implica impulsar todas las acciones tendientes a evitar la violencia: generación de oportunidades de empleo, estudio y recreación para la juventud; así como educación en valores, promoción de la convivencia pacífica y proyección de una cultura de paz. La prevención no corresponde sólo al Estado, sino a todos: empresas, iglesias, organizaciones, academia y medios de comunicación.
Todos, entonces, contra la delincuencia.
