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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
Vanda Pignato está siendo juzgada injustamente, reiteró el expresidente de la República, Mauricio Funes, quién explicó que asumió todos los gastos de Pignato mientras era presidente de la República en el periodo 2009/2014. Funes asegura que quién debe justificar la procedencia de ese dinero es él. “Vanda está siendo acusada injustamente. Es inocente”, dijo.
Acusado del desvío de $351 millones de dólares, el expresidente de la República Mauricio Funes reitera que no tienen pruebas en su contra que sustenten las acusaciones de corrupción. A cuatro años de permanecer asilado en Nicaragua, por persecución política, asegura, y a pocos días para que el caso culmine la etapa de instrucción en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador.
El expresidente habló con Diario Co Latino sobre las diversas acciones en su contra, principalmente por el caso en el que se le vincula a él y a otras treinta personas de saquear fondos del Estado y esto es lo que respondió:
-¿Cómo evalúa el proceso judicial en su contra?
Es un proceso sesgado y cargado de injusticias, arbitrariedades e ilegalidades. Se basa en supuestas pruebas que no tienen ningún sustento legal. La base de la acusación son las declaraciones de criteriados a los que les ofrecieron dinero y beneficios procesales a cambio de que me incriminaran. Es algo así como la palabra de ellos contra mi palabra. A diferencia de otros casos, como el del expresidente Saca por ejemplo, en el mío no hay documentos que respalden las acusaciones de la FGR. No hay copia de depósitos bancarios en cuentas personales, tampoco hay transferencias bancarias en alguna cuenta personal, ni siquiera tengo cuentas en el extranjero, no hay ningún bien inmueble a mi nombre en el Registro de Propiedad, no tengo casas ni ranchos de playa o fincas como la FGR sostiene. Tampoco soy dueño de empresas y no tengo participación accionaria en ninguna sociedad mercantil, tanto en El Salvador como fuera del país. Dice la FGR que todo mis supuestos bienes o mi dinero fueron registrado por prestanombres, como Miguel Menéndez, pero no tienen ninguna prueba que demuestre mi relación o vínculo con esos prestanombres. Además, un empresario millonario como Miguel Menéndez puede demostrar, y entiendo que lo está haciendo, el origen lícito de su patrimonio. No necesita que yo le entregue dinero proveniente de CAPRES para justificar los inmuebles, empresas, sociedades y cuentas bancarias que tiene a su nombre.
-¿Por qué insiste en que se trata de una persecución política a través del sistema penal salvadoreño?
Porque hace años abrieron una investigación penal que no les arrojó nada en contra mía y de mi grupo familiar. Aún así el fiscal Douglas Meléndez inició varios procesos judiciales en mi contra con gran despliegue mediático, como nunca antes se había visto en el país. Para el caso, la casa donde yo residía y la casa donde vivía mi pareja fueron allanadas mientras nos encontrábamos en Managua. Decomisaron casi todos mis bienes personales (zapatos, trajes, corbatas, camisas, chumpas, anteojos, muebles, cuadros, condecoraciones, armas debidamente registradas, puros, licor, loras y pericos, etc) siendo que la orden del juez era para allanar y no para decomisar. Eso mismo no lo hicieron con nadie, con ningún otro funcionario público, ni antes ni después. Es evidente el dolo en la actuación de la FGR. Lo mismo han hecho con Vanda, la exprimera dama. La acusan de lavado sin que haya recibido un tan solo dólar de los fondos de CAPRES. Ella no recibió salario ni manejó fondos públicos. Todos sus gastos y compromisos financieros fueron cubiertos con recursos provenientes de mis ingresos y de los excedentes de campaña que conservé en efectivo durante toda la Presidencia en mi casa, y otra parte en cuentas bancarias abiertas antes de ser presidente. Además hice un préstamo personal a un amigo empresario de más $200,000 casi al final de mi gobierno con lo que pagué algunas deudas personales y gastos familiares, entre ellos los de Vanda. A pesar que eso quedó debidamente demostrado en el juicio civil y que un peritaje financiero validó esas fuentes de ingreso para cubrir los gastos de Vanda, la FGR insiste en acusarla de lavado. Acá hay una clara vendetta política en la que se utiliza el aparato de justicia penal para incriminarme delitos que no he cometido y que nadie de mi grupo familiar ha cometido. Eso se llama “persecución penal”. Eso es lo que en otros países se conoce como “Lawfare”, es decir, el uso político del sistema de justicia penal para perseguir políticamente a alguien que se desea anular y sacar del escenario político.
-¿Cuál es su opinión de las incriminaciones que le hace la FGR?
Como ya he señalado se trata de incriminaciones que no tienen sustento legal. Se basan en declaraciones de testigos criteriados a los que les ofrecieron beneficios a cambio de incriminarme. No tienen pruebas de lo que aseguran. Entre los criteriados se encuentra Leonel Flores, quien fue el director del ISSS pero que nunca tuvo acceso a la administración de los gastos reservados de CAPRES. Él fue condenado por la Cámara Primera de lo Civil por enriquecimiento ilícito y la FGR negoció con él que no le iba abrir un proceso penal a cambio de que me acusara. Le perdonan casi medio millón de dólares de incremento patrimonial injustificado a cambio de acusarme. Lo mismo ha ocurrido con Jorge Hernández. Él lavó más de $10 millones para Saca con empresas fantasmas creadas en Panamá. Eso quedó demostrado en el juicio que se ha seguido contra el expresidente y su esposa. Sin embargo, la FGR no lo considera imputado a cambio de que me acuse en un proceso en el que no ha tenido ninguna participación. Jorge no formó parte del gabinete de gobierno. Se ha limitado a incriminarme basándose en supuestas conversaciones que sostuvimos una vez dejé la Presidencia de la República. Sin que haya presentado una tan sola prueba de lo declarado la FGR le concedió criterio de oportunidad, lo benefició con arresto domiciliar, no lo considera imputado y lo más probable es que sea sobreseido en la medida que sostenga las declaraciones en mi contra. El otro criteriado es nada más y nada menos que el abogado que recomendó a CEL pagarle más de $30 millones a los italianos de ASTALDI para dar por cancelado el contrato de la construcción del Chaparral.
Ese mismo abogado fue el que viajó con Miguel Menéndez a Panamá para aperturarle dos cuentas offshore. Ahora resulta que según sus declaraciones yo ordené el pago a ASTALDI sin tener facultades para ello y que el dinero depositado en la cuentas offshores es mío y proviene del soborno que me pagaron los italianos. No existe ningún registro en acta de que yo haya intervenido en las negociaciones entre CEL y ASTALDI, de hecho no tenía facultades para hacerlo. Las cuentas offshore no están a mi nombre, no existe ninguna transferencia bancaria a mi favor, no formo parte de ninguna sociedad de Miguel Menéndez y la FGR me acusa de soborno y lavado solo porque un abogado lo dice. No cabe duda que todos los procesos judiciales montados en mi contra son un invento de la FGR siguiendo el guión trazado por la derecha.
-Según la FGR usted dirigió una estructura que peculó y lavó $351 millones de CAPRES, ¿qué dice de eso?
No es cierto. No tienen una tan sola prueba de la existencia de esa estructura. Como ya le expliqué las pruebas han sido fabricadas para acusarme. Cuando un funcionario dirige una estructura para lavar dinero deja alguna evidencia que lo incrimine. En mi caso no existe ninguna prueba de ello y la FGR no ha podido en varios años que lleva investigándome presentar una tan sola prueba en mi contra en los tribunales. Incluso el peritaje financiero ordenado por el Juez pone en evidencia el origen lícito de mi patrimonio y descartan cualquier posibilidad de enriquecimiento ilícito. Pregunto: Si dirigí una estructura que lavó $351 millones, ¿dónde está ese dinero?, ¿en qué cuentas bancarias lo tengo?, ¿en qué bienes inmuebles lo invertí?, ¿en qué empresas o sociedades mercantiles lo destiné?, ¿dónde están las “caletas” o los barriles con dinero que tan afanosamente buscó la FGR y la PNC en los allanamientos? Mi familia y yo vivimos de los ingresos que mes a mes recibimos de nuestro salario. La FGR no tiene nada en mi contra. Otra pregunta: Si moví $351 millones de dólares de los gastos reservados para beneficiar a terceros o para beneficiarme en lo personal, cómo se explican los gastos que se cubrieron en mi Presidencia con los fondos reservados: funcionamiento de la OIE, casas y vehículos de la OIE, salario del personal de la OIE, apoyos económicos de CAPRES para el funcionamiento del Estado Mayor Presidencial, reformas a REPRES por más de $100,000, reformas y construcciones nuevas que se hicieron en CAPRES, viajes oficiales de comitivas presidenciales, empresariales o de prensa, gastos para la atención de funcionarios extranjeros y mandatarios visitantes como el caso de la visita de Obama, por ejemplo, compra y reparación de vehículos de la Presidencia y sus Secretarías Ejecutivas, gastos en pauta publicitaria en cinco años, viajes oficiales y no oficiales del presidente y su grupo familiar, etc. Sobre esto último, quiero aclarar que nadie lavó dinero con el pago de los viajes del presidente y su familia. Lo que se hizo por parte de la Secretaría Privada es lo que se venía haciendo en gobiernos anteriores y cómo se hace también en otros países. Los viajes oficiales y no oficiales eran pagados con los fondos discrecionales de la Presidencia, tal como ha informado el personal administrativo y contable de CAPRES. Es ridículo acusar de lavado a un presidente por el hecho de que sus viajes y los de su familia fueron cubiertos con fondos públicos. Es como que si se acusara de lavado al presidente de EE.UU. por usar el avión presidencial y recursos del Estado para realizar viajes de vacaciones del presidente y su familia.
-¿Cuál es su opinión de las supuestas pruebas presentadas por la FGR en su contra?
La FGR no tiene pruebas que sean sustentables. Le pongo un ejemplo. En el proceso que se sigue en el 7º de Instrucción denominado “Saqueo Público” la FGR asegura que yo construí un SPA y compré una casa en Santa Elena con fondos de los gastos reservados de CAPRES. En contraste, en el proceso sobre El Chaparral que investiga el Juzgado 9º de Instrucción un testigo criteriado asegura que el SPA y la casa de Santa Elena fueron adquiridos con un supuesto soborno que pagó ASTALDI. Cabe la pregunta: ¿ambos inmuebles fueron adquiridos con fondos de CAPRES o mediante un soborno pagado por ASTALDI? Acá hay una clara contradicción en la acusación de la FGR. Solo este ejemplo permite inferir que la FGR se contradice, ha presentado evidencias sin sustento legal, la mayor parte de las incriminaciones en mi contra y en contra de mi familia se basan en declaraciones de testigos criteriados que dicen lo que la FGR les ha pedido que digan.
•El proceso ya se encuentra al final de la etapa de instrucción, ¿cuál es su opinión sobre esta fase?
Yo espero que el juez valore la fragilidad de las pruebas de la FGR y resuelva conforme a derecho. Es decir que sobresea. No queda de otra. Hacer lo contrario es prestarse al juego de la derecha. Tampoco estoy de acuerdo que la FGR pretenda que uno de los criteriados declare en esta etapa bajo el argumento inaceptable de que corre peligro. Las declaraciones se dan en la fase de sentencia y no en la de instrucción. Se trata de una declaración adelantada de la que la FGR busca sacar provecho en la medida que el peritaje financiero no le favorece.
-Vanda Pignato dice que usted pagó todos sus gastos y que ella no manejó dinero de CAPRES, ¿qué dice al respecto?
Eso es cierto. Vanda no recibió ningún honorario por ser primera dama y secretaria de Inclusión Social. Ejerció su cargo en forma ad honorem, sin recibir salario por su trabajo. Todos sus gastos de vida y sus compromisos financieros fueron cubiertos con mis ingresos. La correspondencia de los bancos llegaba a mi despacho y yo me encargaba de mandar a pagar sus cuentas personales y sus créditos y tarjetas. Incluso una camioneta Lexus que aparece a su nombre, yo la compré y le pedí al secretario privado que hiciera los trámites necesarios para registrarla. Supongo que él buscó la firma de ella entre tanto papeleo y documentos que debía firmar sin que se diera cuenta de lo que estaba firmando. Por eso es que Vanda declara que la firma que aparece en el VMT no es de ella. Lo cierto es que la camioneta yo la compré y me hago responsable de su pago. Sinceramente eso no pueden ser constitutivo de delito. El que debe justificar la procedencia de ese dinero soy yo, y ya aclaré que todos sus gastos los cubrí con recursos propios. Por eso es que insisto que Vanda está siendo acusada injustamente. Es inocente.
-¿Cómo se ve El Salvador desde afuera a cuatro años de su asilo en Nicaragua?
Hay un claro deterioro de la institucionalidad democrática. Nayib gobierna en forma autoritaria, con excesos y abusos de poder. El caso más emblemático es el enfrentamiento que mantiene con la Asamblea Legislativa. Amenaza con disolverla si no vota en el sentido que a él más le conviene. Así es cómo hay que interpretar la invocación que hizo del artículo 87 de la Constitución que reconoce el derecho a la insurrección y a la separación de funcionarios de sus cargos cuando alteren el orden constitucional. Según Nayib, no aceptar sus caprichos es sinónimo de transgresión a la Constitución. Quien realmente está atentado contra el sistema político es él y su gobierno al no reconocer la independencia de poderes y pretender controlar las decisiones de la Asamblea. Eso es propio de los gobernantes autoritarios. Lo que pasó este fin de semana es una muestra de ello. Militarizó la Asamblea y utilizó el ejército y la policía para chantajear y presionar a los Diputados para que voten por un préstamo sobre el cual hay dudas razonables. Nayib ha violado la carta democrática de la OEA al autorizar la presencia de militares en el Congreso y ha cometido delitos contra el orden constitucional y la paz pública por los que debería ser juzgado. El problema que mientras controle al fiscal no pasará nada. De igual forma ha violentado el debido proceso con más de 7,000 despidos injustificados de empleados públicos desde que llegó a la Presidencia. Ha contaminado el Gobierno con nombramientos de parientes y amigos. Algunos de esos nombramientos violan la Ley de Ética Gubernamental o no llenan los requisitos exigidos por la ley.
¿Dónde está la lucha contra el nepotismo y los despilfarros que ofreció en campaña? Todo fue pura demagogia. En otro orden, una parte de la institucionalidad judicial sigue en manos de la derecha. Es el caso de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República. Esta última sigue la agenda de persecución que le ha impuesto la derecha y la embajada de Estados Unidos.
Entre la FGR en tiempos de Douglas Meléndez y la fiscalía de Raúl Melara no hay diferencias.
-¿Qué ha significado no poder regresar a El Salvador y por qué decidió adquirir la ciudadanía nicaragüense?
Para mí es frustrante no poder estar en el país y sumarme a la lucha política por la defensa de los derechos sociales de la población, sobre todo con el retroceso a las políticas sociales que caracterizan a este Gobierno.
Nayib prometió mantener los subsidios y ampliar los programas sociales. Lejos de eso, le ha quitado $9 millones al subsidio al gas con lo que afectará a unos 300,000 beneficiarios que quedarán fuera del programa. Además ha cerrado programas sociales que por ley no pueden ser eliminados y ha desfinanciado a otros programas estratégicos como “Ciudad Mujer” y “Pensión Básica para Adultos Mayores”.
A este último le ha quitado recursos con lo que dejará sin beneficios a casi 4,000 ancianos que no gozan de ningún tipo de pensión. El problema es que mientras se mantenga la persecución en mi contra no puedo regresar. En ese sentido, la decisión de adquirir la ciudadanía nicaragüense es precisamente para evitar la extradición.
De acuerdo a la Constitución Política de NICARAGUA, los nicaragüenses, por nacimiento o por naturalización, no pueden ser extraditados a ningún país que los reclame. He cumplido todos los requisitos que exige la Ley y sobre esto no hay marcha atrás. Ya la Corte Suprema de Nicaragua se pronunció en el sentido que no procede mi extradición.
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