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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
José Tomás Laínez es un ciudadano salvadoreño estadounidense, que recién en marzo 21 retornó al país después de 40 años de ausencia.
3 días después, desapareció.
Desde entonces nadie sabe nada de él.
Su arribo al país aparentemente era desconocido, incluso, por su propia familia, a la que se incorporó luego de que su madre llegara días antes que él, tomándola también por sorpresa.
Cuando se marchó, tenía apenas 17 años.
Tampoco parece haber tenido dificultades de ninguna clase en su país de acogida, donde fuera un ciudadano ejemplar.
Así las cosas, el 24 de marzo sencillamente se separó por breves instantes del resto de la familia, durante una salida que realizaron juntos, avisando a todos que pronto se reintegraría.
Habiendo transcurridos casi 60 días desde entonces a la fecha, la familia afirma no haber recibido ninguna llamada reclamando pago por su liberación, o extorsiones de ninguna clase.
Las autoridades policiales nacionales en cambio afirman tener bajo control el caso, habiendo la PNC allanado y detenido a un vecino de la zona donde don Tomás fuera desaparecido, acusándolo verbalmente, pero siendo liberado judicialmente al no encontrarse aparentemente ninguna vinculación.
Por otro lado, y como parte del proceso, días atrás se hizo público el que en la zona fueran descubiertos restos humanos, lo que se manejó con discreción y siendo una fuente no oficial quien lo hizo público.
Los tales son analizados para determinar si pertenecen a don Tomás, o a otra persona también desaparecida meses antes en la misma zona.
El caso ha sido tan mal manejado por las autoridades policiales locales, que incluso se les ha ido de las manos desarrollando así su propia dinámica de comunicación, pero, sobre todo, haciendo patentes cuan incapaces son cuando de casos reales se trata.
Esto no porque los casos nacionales no lo sean, sino porque el caso de don Tomás supone implicaciones que escapan a la lógica establecida nacionalmente basada en comunicaciones amañadas, desinformación, apariencias y encubrimiento descarado.
Mientras se nos ha afirmado que el país es el más seguro del mudo además del más cool, la realidad patentiza a través de esta tragedia cuán falsa es esa retórica oficialista.
Si bien cierto grado de seguridad se ha alcanzado en las calles de las ciudades, la zona rural es la misma realidad anterior al establecimiento del estado de excepción, donde reinan la impunidad y el delito, lo cual hace patente este caso.
Es decir, el control efectivo del régimen se suscribe solamente al discurso y a los acuerdos con los grupos delictivos, que siguen operando con relativa impunidad, porque en realidad la solución a la inseguridad pasa por reconocer que esta se suscribe a las desigualdades e inequidades derivadas de las dinámicas sociales, por lo que superarlas supone despojar de sus privilegios a los de siempre, redistribuir la riqueza por medio de educación, salud y educación de calidad, y acabar con la impunidad.
La misma que promueve y defiende el régimen.
