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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
El juez Jorge Alberto Guzmán, a cargo del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán, agregó tres nuevos delitos a los diecisiete militares imputados en la Masacre de El Mozote y sitios aledaños en diciembre de 1981, en el contexto del conflicto armado de los años ochenta.
“Los tres nuevos delitos agregados por el juez de instrucción, contra los militares en el Caso El Mozote son: la tortura, la desaparición y el desplazamiento forzado”, dijo Ovidio Mauricio González, coordinador de Tutela Legal “María Julia Hernández”, en exclusiva a Diario Co Latino.
-¿Cómo se debe interpretar esta decisión del Juez Guzmán?
Consideramos que el juez ha analizado muy bien las pruebas que se han vertido, que se han aportado. Y en ese sentido va por el camino que necesitan las víctimas, porque necesitan esa justicia, para al menos tener una parte de reparación de ese trauma.
-¿Qué es más que el genocidio?
Precisamente el genocidio es una cantidad de delitos en su conjunto. El genocidio por si solo no existe, es una suma de delitos que se dieron en el contexto de la masacre de El Mozote y sitios aledaños. Entre estos está el asesinato, la violación, las lesiones, las torturas y otros. Y este proceso judicial, no es un proceso más, es un proceso judicial que también repara (moralmente), en eso consiste hacer justicia.
-¿Cuál será la acción de la defensa de los militares, con la resolución del juez?
El próximo 16 de mayo los militares que están siendo procesados, serán citados para intimarlos (notificarlos), sobre estos tres nuevos delitos que fueron calificados en una nueva resolución por el juez.
Eso les da oportunidad para que ellos se den por entendidos (imputados) y lo comuniquen a su defensa. Así, sus abogados defensores conozcan de los delitos y den su opinión, si no están de acuerdo –y claro que no lo estarán- para que den su opinión por el derecho que les corresponde, como defensa de sus clientes.
Es más, este 16 de mayo, los militares tienen que llegar al juzgado en San Francisco Gotera, Morazán, porque la intimación es personal, incluso en la resolución (del juez de instrucción), habló de que tienen que presentarse los imputados, porque en las audiencias (anteriores), no se han presentado y es necesario que lo hagan.
Y les deja ahí, una medida cautelar que deben llegar cada cierto período de tiempo y firmar. Las salidas del país quedan totalmente anuladas, a menos que lo justifiquen -pienso yo- es un avance en el proceso.
– ¿Considera Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, un avance?
La declaración y presentación del informe forense de las antropólogas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), organización no gubernamental sin fines de lucro), es una prueba en sí, que aportó los elementos necesarios. Es una prueba contundente en este caso y es una prueba científica.
-¿Cuál es el proceso luego de esta resolución judicial?
No sabemos si va a citar nuevos testigos, para probar los hechos con más contundencia, también la defensa puede interponer un recurso y el juez tendrá que resolverlo. Por ahora, solo faltan los informes de los peritos (sociales y culturales), para el proceso de instrucción, aunque no sabemos hasta dónde será dada por terminada la fase de instrucción. El señor juez lo decidirá, pero creemos que está muy cercano a concluir.
-¿Cómo serán juzgados por el antiguo código penal (1973) o el más reciente?
Según el código antiguo (1973), después de esta fase pasa a plenaria y en el nuevo código pasa a una audiencias preliminar dependerá de la aplicación del código que elija el Juez, puede ser a través de un jurado (Código 1973), o un Tribunal de Sentencia (actualidad) donde los jueces deciden.
De ser bajo código nuevo tendrá que ser una audiencia preliminar y el proceso es oral, que bajo inmediatez tienen que volver a declarar los testigos, los peritos y los incidentes que pueden plantearse (defensa o fiscalía), y si el juez así lo decide, será una audiencia que puede ser larga y llevarse varios meses.
-¿Y si aplica el código penal de 1973?
Con el código de 1973, sería con jurado, y será un jurado -que sabemos- forman parte de la gente de la población o del lugar, quienes tendrían que dar un dictamen de culpable o no, para que el Juez absuelve o imponga una pena.
Creemos que un jurado no está calificado para evaluar una prueba como manda el código, que habla de la “íntima convicción” (si o no), pero si son jueces que conocen del código penal, se tendría un fallo apegado a la prueba. Si es audiencia preliminar, será un Tribunal de Sentencia que realice la audiencia final.
-¿Sabemos que recientemente recibieron un reconocimiento precisamente por el caso de El Mozote?
Nos avisaron la última semana de marzo 2019, nos avisó una profesora de la Universidad de Dayton, Ohio, Estados Unidos, esta casa de estudios superiores decidió entregar el “Monseñor Oscar Romero Award”, por la labor en derechos humanos a gente involucrada en la defensa de los derechos y son propuestos a nivel mundial.
-¿Cuáles fueron las razones para considerarlos en los nominados?
Es el trabajo de derechos humanos que tienen la mayoría de defensores, en favor de la vigencia de los derechos humanos y en la protección de los sectores más vulnerables y las víctimas, este fue uno de los requisitos. Así como, haber incidido en el tema de la justicia, en sistemas de justicia maniatados o en donde se mantiene la impunidad. La Universidad de Dayton (Ohio), está bien empapada en el tema de los derechos humanos y está viendo muy de cerca otro tema que consideran importante, que es la migración, hasta han dedicado un museo a esta población.
-¿Cuál es el sentimiento en el caso El Mozote?
Wilfredo Medrano, David Morales y yo, recibimos el reconocimiento, pero son muchas personas que han trabajado históricamente en el caso y es un trabajo grandísimo en derechos humanos. En el que está María Julia Hernández, una de nuestras fundadoras de Tutela Legal, cuando estuvimos en el Arzobispado y es quien nos tiene todavía inspirados en la lucha, y el mismo San Oscar Romero, que ha sido el defensor por excelencia de derechos humanos en el país y quizás en el mundo.
