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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Mujeres organizadas trabajadoras domésticas y de los cuidados llegaron este martes a la Asamblea Legislativa para presentar un anteproyecto de ley para las personas trabajadoras del hogar remuneradas con el fin de que el Estado reconozca sus trabajos y su seguridad social
Según planteó el colectivo, la adopción hace doce años del Convenio (núm. 189) y la Recomendación (núm. 201) sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011, supuso un gran hito; en ese momento las trabajadoras domésticas organizadas de todo el mundo celebraron la aprobación de la nueva norma internacional del trabajo, que constituía una oportunidad histórica para el avance formal y real hacia el trabajo decente.
En estos años, el Convenio núm. 189, según plantearon las mujeres trabajadoras domésticas, ha contribuido a concretar reformas normativas y acciones para garantizar el trabajo decente a los 73 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico en el mundo. Ha adquirido, además, un carácter particularmente latinoamericano. No en vano la primera ratificación fue la de un país de la región, Uruguay, y en América Latina y el Caribe se encuentran la mitad (18 de 35) de los países que lo han ratificado.
En América Latina y el Caribe, el trabajo doméstico es una ocupación eminentemente femenina. En 2019, el 91,1% de quienes se dedican al trabajo doméstico de forma remunerada en la región son mujeres, según los datos que recoge el colectivo. Además de ser una ocupación altamente feminizada, el trabajo doméstico también es una importante fuente de empleo para las mujeres. En 2019, una de cada nueve mujeres ocupadas (el 11,3 %) es trabajadora doméstica.
Las actividades de cuidado de la niñez, personas adultas y personas enfermas, preparación de alimentos, mantenimiento y administración del hogar son acciones importantes para la reproducción de la sociedad, la producción de bienes y servicios y el bienestar de las familias. Sin embargo, esas labores siguen siendo invisibilizadas y dejan en total indefensión a las mujeres que laboran gran parte de su vida, en los hogares salvadoreños, lamentó el colectivo.
Por ello, luchan y alzan sus voces para que sean escuchadas, para que se legisle a favor de sus derechos. De hecho, la Sala de los Constitucional de la CSJ ordenó al Consejo Nacional del Salario Mínimo fijar una remuneración para quienes se ocupan en esta actividad en un plazo máximo de un año, sentencia que hasta la fecha no se ha hecho efectiva.
En concreto, piden a la Asamblea Legislativa que ratifique el Convenio 189 y la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), piden cumplimiento al artículo 45 de la Constitución de la República que determina que los trabajadores agrícolas y domésticos tienen derecho a protección en materia de salarios, jornada de trabajo, descansos, vacaciones, seguridad social, indemnizaciones por despido y, en general, a las prestaciones sociales. Piden que el Consejo Nacional del Salario Mínimo, fije un salario mínimo para el sector. Así también que se retome la propuesta de ley especial de las personas trabajadoras del hogar remuneradas, que han presentado en la Asamblea Legislativa, para presentar esta iniciativa, la diputada Claudia Ortiz dio apoyo e iniciativa de ley.
