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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Trabajadoras y trabajadores de las tiendas penitenciarias marcharon la mañana de este lunes hacia el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, para exigir que las autoridades de esta cartera de Estado aclaren su situación laboral.
Los manifestantes dijeron que se les adeudan dos meses de salario, así como expresaron no tener acceso a Seguro Social debido a que la Dirección General de Centros Penales no ha cancelado las cuotas retenidas en concepto de esta prestación.
El sector operario de las tiendas penitenciarias ha denunciado, desde el pasado mes de julio, la situación de incertidumbre con respecto a su futuro laboral, puesto que, por orden de las autoridades ministeriales, se ordenó la liquidación de los inventarios existentes de las tiendas, mismas que no son reabastecidas desde el mes de junio, cuando dio inicio el Plan Control Territorial.
El portavoz de los trabajadores, Eduardo Bernal, sostuvo que son más de 350 trabajadores y trabajadoras los afectados con la falta de comunicación oficial de parte de autoridades penitenciarias, referente a sus puestos de trabajo; además, reveló que la Dirección de Centros Penales estaría contratando militancia del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) como parte del pago de una “cuota política”.
