La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia falló, recientemente, a favor de casi 80 trabajadores que fueron despedidos injustamente de la Asamblea Legislativa.
En una de sus soberbias, por haber obtenido el mayor número de diputados, el diputado de ARENA, tras ser juramentado presidente de la Asamblea Legislativa, decidió despedir a los trabajadores de las oficinas departamentales de la Asamblea Legislativa.
Por cierto, las oficinas departamentales legislativas fueron creadas durante la Presidencia de Sigfrido Reyes, del FMLN, con el apoyo técnico y financiero de la cooperación internacional.
La idea de ese importante proyecto era que la ciudadanía, cuando quisiera tener contacto con sus diputados, lo hiciera en las sedes departamentales, para evitar que vinieran hasta la sede legislativa en la capital.
Quijano, aprovechando la ola de austeridad que sin razonamiento alguno caló en la población, quiso salir de héroe anunciando que iba a reducir el presupuesto legislativo en varios millones, pues, de no hacerlo, antes de finalizar el año iba a pedir un refuerzo presupuestario.
Y la única forma que el doctor Quijano, encontró para reducir el presupuesto fue despidiendo a los trabajadores legislativos departamentales, principalmente, atropellando la ley.
Así lo ha dejado ver la Corte Suprema de Justicia, cuando ha ordenado el reinstalo de los trabajadores y la cancelación de tres meses de sueldo.
El sindicato de la Asamblea Legislativa y otros del sector público y municipal hicieron de los despidos una lucha común, para que los despedidos fueran nuevamente incorporados a sus trabajos, acto que la Asamblea Legislativa, no ha cumplido pero dado a que se debe respetar la institucionalidad, debe cumplir la orden de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
La ley, por su supuesto, permite que un trabajador pueda ser despedido, y para ello establece procesos y mecanismos que a todas luces la Asamblea Legislativa, bajo la presidencia del doctor Quijano, no cumplió.
El proceder de los trabajadores y de la Corte Suprema de Justicia, también debe servir al Gobierno entrante, a partir del uno de junio, que no puede hacer despidos masivos en el Ejecutivo, salvo los cargos que la ley ya estipula.
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