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Ciudad de Panamá/Prensa Latina
La Confederación de Trabajadores de la República Panamá (CRTP) denunció hoy que el Gobierno criminaliza protestas contra el proyecto de Ley 163 sobre la estatal Caja de Seguro Social (CSS) que apunta a su privatización.
En un mitin organizado desde la céntrica Avenida Balboa, en esta capital, integrantes de esa agrupación sindical señalaron que mediante acciones represivas y judiciales, la administración de José Raúl Mulino arremete contra la libertad sindical y el derecho a huelga.
Para esa central obrera, el actual Ejecutivo estima que la historia de la nación istmeña nació el 1 de julio de 2024, cuando asumió el poder, y no es así.
La presencia de unidades antimotines el pasado 12 de febrero en una concentración de los obreros de la construcción que terminó en violentos enfrenamientos y cerca de 500 arrestos, opinaron, contrasta con la ausencia de agentes policiales en un cierre de la avenida Panamericana en Coclé (Oeste) protagonizado por defensores de que se abra la mina de cobre de Donoso, pese al rechazo mayoritario de la población.
El sábado último, la jueza de garantías, Luz Jaramillo, aceptó la imputación de cargos presentada por el Ministerio Público contra 83 miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs), detenidos el pasado miércoles 12 de febrero tras participar en una protesta en el edificio del nuevo Hospital del Niño.
Los acusados enfrentan cargos por delitos contra la seguridad colectiva, daños y lesiones personales, entre otros.
Este domingo, constató Prensa Latina, familiares de los apresados esperaban aún en la afueras del recinto de la vista acusatoria que se definan medidas cautelares, mientras el caso continúa generando controversia debido a las circunstancias de las detenciones y la ausencia de pruebas concretas en su contra.
Mientras, el abogado defensor Felipe Cabezas, criticó la falta de individualización en las acusaciones, señalando que la Fiscalía no ha podido detallar el grado de participación de cada imputado, lo que considera un requisito esencial en este tipo de procesos.
Por su parte, el secretario general de Suntracs, Saúl Méndez, presentó en Ginebra ( Suiza) ante la Organización Internacional del Trabajo una queja ampliada contra el Ejecutivo por la persecución ilegal contra los trabajadores de la construcción.
Según dijo Méndez, “la dignidad de este pueblo y el reclamo de justicia se escuchará en todo el país y el mundo entero, la unidad, firmeza y disciplina del pueblo humilde honesto y trabajador está a prueba”.
También indicó que el “dictadorzuelo” (Mulino) que hace gala de su desquiciado odio, prepotencia, arrogancia y creerse de dueño de Panamá será puesto en el lugar de la historia que le corresponde: el basurero.
