San José / AFP
Trabajadores costarricenses, en su mayoría del sector público, paralizaron labores el lunes en varias ciudades del país y bloquearon carreteras en una protesta contra las medidas de austeridad y un proyecto de reforma tributaria para equilibrar las finanzas públicas.
En varios puntos de la capital se instalaron bloqueos en las principales rutas, mientras bancos estatales, tribunales, centros educativos y otras dependencias dejaron a los usuarios sin servicios.
En los hospitales públicos, usuarios reclamaron que no los atendieron pese a tener citas.
Una madre narró a medios de prensa la angustia que sintió tras viajar desde Nicoya a San José, un trayecto de 200 km, para una cita en un hospital público con su hijo, que sufre un tumor, pero no fue atendido por la huelga.
Un grupo de trabajadores en paro marchó al Ministerio de Hacienda y luego a la Asamblea Legislativa (congreso) para llevar sus reclamos, pero la sede estaba resguardada por unos 40 antimotines.
El presidente Carlos Alvarado dijo en Twitter que «las puertas del gobierno están abiertas para escuchar, nos hemos reunido tres veces con el sector sindical en el último mes, sin embargo no hemos recibido propuestas concretas».
El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, justificó el paro por las medidas de austeridad y planes de aumentos de impuestos en discusión en la Asamblea Legislativa.
«Es un paquete de impuestos cargado de inequidad, incrementa las desigualdades y afecta tanto al trabajador del sector público como el privado», dijo Vargas, citado por el Diario Extra.
El gobierno aseguró que algunos servicios básicos, como el Hospital Nacional de Niños y el caribeño Puerto de Moín, principal punto de de entrada y salida de mercancías, operaron normalmente.
Igualmente, el gobierno inició gestiones ante los juzgados de trabajo para declarar la huelga ilegal, lo que permitiría rebajar el salario a los trabajadores que participaron en el paro.
La reforma tributaria, que han intentado aprobar los últimos cuatro gobiernos, busca ayudar a superar el déficit fiscal de 6,2% del PIB.