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Luis Arnoldo Colato Hernández
Muchas son las afirmaciones que en torno al trabajo se hacen cotidianamente, entre otros, que es fuente de satisfacción, dignificación y alegrías, así como el que, por su medio, remontamos los propios límites gracias al empuje del mismo.
Muy poético.
La realidad empero es distinta, el trabajo en nuestro país no podríamos definirlo como poético.
Comencemos considerando cuanta de nuestra población se encuentra fuera de nuestro país: virtualmente la mitad, radicada por razones laborales en EU, a donde llegaron por la vía ilegal.
¿Porque se fueron?
En los años 80’s por razones de supervivencia, puesto que el estado salvadoreño emprendía los brutales operativos de tierra arrasada denominados “Yunque y Martillo”, mediante los cuales se eliminaba físicamente a quienes el ejercito calificaba como retaguardia de la insurgencia, y que era la propia población civil, cuyo asesinato colectivo sigue negándose ahora mismo desde el estado salvadoreño, procurando perpetuar la impunidad de éste y sus agentes.
Luego del conflicto las razones derivaron en una mezcla de causales como la inseguridad social, y la ausencia de trabajo seguro y digno.
¿Significa que el trabajo realizado en tierras ajenas es más digno?
No. Nuestros compatriotas no acceden a seguridad social y de regular son perseguidas como criminales por las autoridades estadounidenses, a pesar de contribuir fiscalmente y reconocer la política de aquel país, que la comunidad salvadoreña contribuye concretamente a su progreso.
A la vuelta de apenas meses, esos inmigrantes ilegales pueden hacerse con bienes materiales, como vehículos, viviendas, terrenos, etcétera, que acá sencillamente en una vida de trabajo no lograrán.
Ahora bien, los males endémicos sociales de nuestro país no son abordados de ningún modo, y en cambio como en el caso de la impunidad, son agravados por interesas de clase y políticos, tales como la corrupción, el nepotismo, el despilfarro y la improvisación, los cuales la actual administración profundizo desde su arribo; ello se ve reflejados en la inseguridad jurídica imperante desde el 1º de mayo pasado, cuando por intermedio del autogolpe se desmonta al aparato jurídico, conformándolo posteriormente a la medida del ejecutivo.
En aquel día se despidieron a 25 comunicadores de radio nacional, a la plana de la sala de lo constitucional y al fiscal general, en medio de un madrugón, típicamente un acto fascista y oligarca, reñido con la norma vigente y por tanto ilegal.
En la semana siguiente hasta 700 empleados de la comuna capitalina fueron cesados, y claramente otros les seguirán, y estos, las victimas carecen de ninguna opción pues, ¿a quién acudirán si el aparato judicial esta cooptado?
¿Es más sombrío aún pues estas acciones no invitan el arribo de ninguna inversión extranjera, pues, quien arriesgará sus activos en un país sin ley, sino apenas el capricho del aprendiz a fascista de turno?
En este escenario sin opciones laborales ni jurídicas, y sin expectativas mayores a las del discurso que nos oferta el ejecutivo, no nos queda mas que continuar explorando hacia afuera, puesto que como en el pasado, seguimos siendo objetos de las amenazas del estado.
