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El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública presentó al congreso un Anteproyecto de Ley para normar la “producción penitenciaria” y un paquete de reformas a la Ley Penitenciaria de 1992, para crear un Patronato que administre las tiendas que operan en las prisiones, que anualmente dejan ganancias por $ 11 millones.
La nueva Ley para Regular el Trabajo de los Privados de Libertad, prevé la contratación y pago privados de salario a reclusos que realicen labores en Granjas Penitenciarias y talleres artesanales, dinero que servirá para la manutención de sus familias, pago de servicios por Responsabilidad Civil y ahorro personal, entre otras cosas.
En la actualidad, 949 reos en fase de confianza realizan trabajo comunitario, por el que se les reduce dos días de pena, por cada día laborado.
Además, las autoridades de Justicia y Seguridad Pública pretenden que la nueva legislación autorice la entrega de certificados a reclusos por el aprendizaje de oficios, a los que estudien en el Sistema Educativo e, incluso, obtengan títulos universitarios.
Patronato para las tiendas
También, el Gabinete de Seguridad Pública, que se reunió el lunes con diputados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de la Asamblea Legislativa, busca que los legisladores reformen la Ley Penitenciaria para que un Patronato administre las tiendas que funcionan en los 19 centros carcelarios que hay en el país.
En la actualidad, los centros de abastecimiento que funcionan en los centros carcelarios salvadoreños, son regentados por los mismos reclusos y recogen de manera anual $ 11 millones, de los cuales más de $ 2 millones van a parar a las arcas de la Dirección de Centros Penales.
Al respecto, el director de Centros Penales, Rodil Hernández, afirmó que los recursos provenientes de las tiendas de las cárceles, son empleados por esa dependencia para la compra de medicamentos, contratación de servicios profesionales de enfermeras y médicos, así como para la remodelación y ampliación de infraestructura carcelaria.
Hernández reconoció que “hay que regular ciertas actividades” establecidas en la Ley Penitenciaria, como la administración de los centros de abastecimiento carcelario, o tiendas, porque “han crecido” con base a la población reclusa, que supera los 37 mil internos, a nivel nacional.
Explicó que el “Patronato” que administraría los recursos provenientes de las tiendas carcelarias, estaría integrado por empresarios, representantes de iglesias, de organizaciones sociales y de universidades, entre otros, a fin de darle “más transparencia” al manejo de los fondos.
“No es una privatización, porque el servicio lo estará brindando la Administración Penitenciaria”, afirmó Hernández.
“Pero debe haber un Cuerpo Normativo que regule su actividad (la de las tiendas)… que no quede (la administración de los centros de abasto) en poder de los reclusos”, dijo Hernández.
Plan El Salvador Seguro
“Necesitamos seguir avanzando en la estrategia de Seguridad”, dijo el titular de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, al explicar a los legisladores que la nueva normativa y las reformas a la Ley Penitenciaria, forman parte del Plan El Salvador Seguro.
Recordó que con el actual Sistema Carcelario, los reclusos “salen peor que como entran”.
Al respecto, recordó que el 2016 fue el año en que se implementaron los planes de Prevención de la violencia, y que este año, los esfuerzos estarán enfocados a programas de Rehabilitación y mejoramiento de la atención de las víctimas de la delincuencia.
Además, el funcionario aseguró que el delito de la extorsión se ha reducido “de forma gradual” en los últimos años.
