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Brasilia/AFP
Un año después de la mayor catástrofe ambiental de Brasil, familiares de las 19 víctimas del deslave minero que arrasó varias localidades en el sudeste del país aún claman por justicia.
El 5 de noviembre de 2015, un dique de la minera brasileña Samarco — copropiedad de la brasileña Vale y de la anglo-australiana BHP-Billiton — cedió de manera abrupta y liberó 32 millones de metros cúbicos de barro que arrasaron el pueblo cercano de Bento Rodrigues y continuó con su remolino de destrucción hasta llegar al océano Atlántico.
El tsunami de lodo se arrastró 640 km a lo largo del Rio Doce, matando a trabajadores mineros y habitantes del cercano pueblo de Bento Rodrigues. Otras miles de personas perdieron sus casas y sus trabajos.
Los habitantes de Mariana, ciudad histórica cercana al lugar de la tragedia, se preparaban este sábado para recordar la fecha con diversas ceremonias y una misa en memoria de las víctimas.
Enfrentada ahora a multimillonarias demandas y acusaciones de homicidio calificado, Samarco insiste en que está haciendo todo lo posible para superar lo que considera un trágico accidente.
Pero para las familias de las víctimas, no es suficiente.
«El tiempo pasa y extraño a mi hijo cada vez más. Espero que se haga justicia. Ningún dinero va a traer a mi hijo de vuelta, pero tienen que pagar. Los culpables deben ir presos. Quiero que me pidan disculpas por el asesinato de mi hijo», declaró al portal de noticias G1 Gelvana Aparecida Rodrigues, madre de Thiago, un niño de 7 años que vivía en Bento Rodrigues y figura entre las 19 víctimas del deslave.
Según G1, Aparecida rechazó un adelanto de 100.000 reales (unos USD 31.000), parte de una indemnización mayor ofrecida por la empresa.
‘Medidas insuficientes’
La anglo-australiana BHP, la mayor minera del mundo, y la brasileña Vale, mayor productor de mineral de hierro, aseguran que junto a Samarco están comprometidos en reparar las comunidades dañadas, la infraestructura minera y el medio ambiente.
El mayor compromiso de Samarco es construir dos nuevos pueblos para los habitantes de Bento Rodrigues y Paracatu, otra comunidad rural enterrada por el alud de barro que, sin embargo, no provocó muertos allí. Sólo en Bento Rodrigues hubo 236 familias forzadas a salir del lugar, según la empresa. Otras 108 fueron desplazadas de Paracatu.
A la fecha, ni un ladrillo se ha instalado; sus futuros habitantes continúan alojados en casas alquiladas por Samarco en Mariana.
Alvaro Pereira, de la Fundación Renova, creada por Samarco para coordinar ayudas e indemnizaciones, dice que 8.000 familias ribereñas del Rio Doce están recibiendo fondos de emergencia.
Pereira atribuye la demora en la reconstrucción a la lentitud de las consultas con los pobladores y las autoridades, y asegura que estará completa hacia comienzos de 2019.
La fiscalía presentó cargos por homicidio contra 21 personas el mes pasado, incluidos ejecutivos de Samarco, Vale y BHP y aseguró que «la seguridad tenía una importancia secundaria» en relación a las ganancias.
Expertos de la ONU pidieron a Brasil y a las empresas acelerar la respuesta a los reclamos sociales, ecológicos y económicos de los miles de damnificados.
«Las medidas que se están tomando actualmente son simplemente insuficientes para enfrentarse al coste humano y ecológico de este colapso», alertaron el viernes los expertos en un comunicado del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
«Un año después, muchos de los seis millones afectados continúan sufriendo», añaden los expertos.
